Josefina tiene 28 años trabajando pero no puede darse el lujo de enfermarse o sufrir un accidente y menos de tomar vacaciones. Carece de seguridad social y un día que falta a su empleo es un día que no gana dinero para encarar los gastos familiares.
La mujer de 43 años de edad es una de las 2.2 millones de personas que se emplean como trabajadoras domésticas en el país, sector que enfrenta la ausencia de derechos laborales a pesar de representar el 4.5% de la población ocupada a nivel nacional.
Sólo unos 22 mil empleados domésticos en México tienen acceso a servicios de salud, prestaciones, y un contrato de trabajo escrito, de acuerdo a la estadística más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Un 20 por ciento tiene algún tipo de beneficio y el 76% ninguno.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012 (ENOE) del Inegi, el sector está compuesto por 2.1 millones de mujeres y 100 mil hombres, cifra de la cual el 83% se dedica al aseo en hogares y el resto trabaja cuidando personas, lavando y planchando o como choferes o cocineros.
Oriunda del municipio de Miahuatlán, en el sur de Oaxaca, Josefina se mudó a los 14 años de edad a la Ciudad de México apenas con estudios de primaria terminados, el mismo nivel educativo que tiene el 35% de los empleados domésticos. Otro 8 por ciento es analfabeta, un 27 por ciento no acabó el nivel básico y sólo el 32 por ciento cuenta con secundaria. Ella dice que su intención sólo era visitar la ciudad, pero en poco tiempo ya estaba aseando y cocinando en una casa, al igual que una hermana que tenía años haciéndolo.
Junto con su esposo y sus hijos de 9 y 18 años de edad, vive en un barrio de Cuautepec, zona al norte del Distrito Federal que colinda con el Estado de México. Tarda unos 150 minutos en trasladarse a las dos casas donde trabaja seis días a la semana de manera intercalada porque están ubicadas en el sur de la capital.
Siete de cada 10 trabajadores del hogar gana hasta 2 salarios mínimos por día, unos 126 pesos. Josefina forma parte del selecto grupo del 4.2% que recibe más de 3 salarios mínimos, porque percibe 250 pesos por jornada, los cuales junta con el sueldo de su esposo, quien es guardia de seguridad, para pagar renta, transporte, alimentación, escuelas de los hijos, y, cuando alguno de los cuatro se enferma, consultas médicas y medicamentos.
La empleada no se queja de sus dos distintos patrones e incluso resalta que en una casa lleva más de 20 años trabajando, sin embargo resiente no contar con seguridad social ni vacaciones con sueldo pagado.
“Mi preocupación y la de todas es el Seguro Social, es lo que platicamos, ¿por qué no nos dan Seguro? Si mis hijos o yo nos enfermamos vamos con doctores particulares”, expresa Josefina.
No es común que Josefina visite a su familia en Miahuatlán, porque, aunque puede pedir días de vacaciones, el dinero no alcanza para viajar.
La exigencia de garantizar derechos
A casi dos años de su adopción, México no ha ratificado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece normas en el trabajo doméstico, entre ellas un salario mínimo y seguridad social.
Para presionar al Estado a su ratificación, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) iniciará a partir de este 3 de abril una campaña de concientización que abarcará incluso protestas, informó su dirigente, Marcelina Bautista, en entrevista con Animal Político.
La activista aseguró que las empleadas domésticas son un sector invisible para las autoridades, y ejemplificó que en la Cámara de Diputados están empolvándose dos iniciativas presentadas por legisladoras del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 2007 y 2010 para que la Ley Federal de Trabajo reconozca derechos laborales y se fije un salario mínimo base.
Aunque con las reformas realizadas en 2012 al Capítulo 13 de la Ley, que se refiere al empleo doméstico, se incluyó que el descanso debe ser de un día y medio a la semana, no se estipuló una jornada de 8 horas, la obligación de un contrato escrito, seguridad social o beneficios en instituciones de salud. Para Bautista, la regulación continúa siendo escueta, ambigua y no favorece a las trabajadoras, porque existen casos de mujeres que laboran hasta 16 horas seguidas.
Las trabajadoras domésticas no tienen derecho a pensión, ahorro, alimentación o vivienda, a pesar de que son cabeza de 684 mil hogares en el país. Incluso también en numerosos casos son víctimas de grupos de trata de personas, que las trasladan a entidades a laborar bajo engaños de que recibirán un buen salario.
“Es un trabajo que no está regulado, más del 98 por ciento nunca ha firmado contrato, nunca se establece la relación laboral en la que se respete sus derechos y los del patrón, y eso es simplemente por falta de voluntad para regular, porque llevamos más de 20 años en esta lucha de reivindicar los derechos y hay propuestas para crear mejores condiciones pero normalmente escuchamos que no se puede”, señaló la dirigente de CACEH.
El Convenio 189, acogido por la OIT en junio de 2011, está en análisis por parte del Gobierno federal, el cual debe turnarlo al Senado para su estudio y ratificación. El documento, ratificado en América Latina por Uruguay, especifica que todos los miembros de la organización deben adoptar medidas para asegurar condiciones de empleo equitativas y decentes.
Dentro de la campaña “Ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras del hogar”, la cual es apoyada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CNDH), el CACEH realizará un acto en el bosque de Chapultepec el 7 de abril, y dos días después una protesta frente al Senado.
