Luego de que San Luis Potosí apareciera entre las 12 entidades del país que han registrado actos de discriminación y/o agresión a personal médico con motivo de la pandemia de COVID-19, por fin un diputado del Congreso del Estado presentó una iniciativa de reforma para aplicar penas de hasta nueve años de prisión y multas de casi 40 mil pesos a quienes agredan a médicos, enfermeras y personal de apoyo del Sector Salud.
Eugenio Govea Arcos, del Partido Movimiento Ciudadano (PMC), explicó que en esta pandemia ocasionada por el COVID-19, el Sector Salud no ha detenido sus actividades, pues evidentemente tiene a su cargo servicios indispensables y de orden público, pues el personal médico es responsable de atender a los pacientes que hayan contraído este virus, así como de realizar los análisis pertinentes a todas las personas que resulten sospechosas de contagio.
Sin embargo, dijo, a pesar de la entrega y el compromiso ante la contingencia sanitaria, el riesgo de agresiones a trabajadoras y trabajadores de la salud los lleva a extremar precauciones cuando salen a la calle para ir o regresar de sus labores.
Tanto en San Luis Potosí como en otros estados de la República se han reportado casos de agresiones y actos discriminatorios. Lo anterior, motivado por el desconocimiento de las personas que piensan que el personal médico es portador del virus y puede generar un contagio, a pesar de que estos trabajadores cumplen protocolos muy estrictos de prevención fijados por la Secretaría de Salud a nivel nacional.
Govea Arcos precisó que la reforma se haría al artículo 277 del Código Penal del Estado que ya define que «a quien ejecute actos violentos o agresivos en contra de un servidor o funcionario público, se le aplicará de uno a seis años de prisión y sanción pecuniaria de cien a trecientas veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA)».
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