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Desde la mano izquierda: El derecho penal sí importa (y lo están haciendo mal)

Según la Dra. Olga Islas en un Código Penal es posible encontrar mucho más que la mera descripción de los delitos, e indica: “es donde se manifiestan los intereses de la sociedad… refleja claramente la

Según la Dra. Olga Islas en un Código Penal es posible encontrar mucho más que la mera descripción de los delitos, e indica: “es donde se manifiestan los intereses de la sociedad… refleja claramente la ideología, la cultura y hasta el régimen político y económico que rige en el lugar de origen de ese ordenamiento.”

 

Lo que en otras palabras significa que nuestros miedos, valores y circunstancias se ven reflejados en este tipo de legislación como en ningún otro, considerando que de entre todas las conductas que hacemos cotidianamente las que van al código penal son por ese sólo hecho separadas de lo normal y de lo permitido para otorgar a quienes las cometen una pena determinada que no es otra cosa que una limitación ya de derechos o de libertades, una sanción económica o una mezcla de todas ellas.

 

No obstante persiste en nuestro país una promesa política atemporal y manoseada hasta las náuseas: agravar las penas para los delitos o crear más a según el descontento social, la inseguridad y las condiciones de desigualdad. De tal modo es que a pesar de haberse modificado en la ley el espíritu inquisidor con el que dio inicio la norma penal en México hacía otro que intenta ser respetuoso de los derechos humanos, garantista a ser posible; todavía existe en el imaginario colectivo la expectativa de que estas figuras y sus penas vendrán a resolver todas nuestras problemáticas.

 

Y nuestra comunidad está tan habituada a funcionar así que debido a ello cuando los políticos quieren reconocimiento, o cuando buscan herramientas aparentemente legítimas para coercionar a la ciudadanía es raro que encuentren oposición, inclusive siendo este el derecho que de hacerse mal pone en juego la protección de las víctimas, la seguridad jurídica de las personas que podrían ser acusadas y el estado de libertad de la sociedad.

 

Cabe recordarlo, cabe escribir nuevamente que esto es importante aunque no lo parezca porque los recientes yerros de la legislatura en San Luis Potosí en sus modificaciones al código penal vigente, no sólo dan cuenta de una labor mediocre, sino de un desconocimiento absoluto al que no deberíamos acostumbrarnos.

 

Y es que apenas ayer el diputado Guadalupe Torres Sánchez proponía a la comisión de Justicia crear otro delito, ahora dirigido a quienes conduzcan un vehículo y utilicen el teléfono celular, acción que pretende sancionar con 3 años de prisión. Pensar que en un Estado cómo el nuestro eso tiene cabida, asumir y defender además que es válido meter a una persona a la cárcel por algo así, es la muestra perfecta del desconocimiento del que le escribo.

 

Ya durante el presente año, se han realizado otro tipo de reformas en la misma tesitura de lo absurdo. Por ejemplo, a pesar de que en el artículo 46 del Código Penal se indica que la sanción económica se mide por días de salario mínimo vigente y teniendo eso en todos los delitos actualmente hay 5 que se sancionan en esa vía mediante lo que se denomina Unidad de Medida y Actualización, una referencia que sirve para calcular el pago de impuestos federales y que nada tendría que estar haciendo en nuestro ordenamiento.

 

Eso está justo en las más recientes reformas, o sea en el delito de feminicidio del artículo 135, en el incesto del 207 bis, en el maltrato animal del 317 y en los delitos contra la prestación de los servicios de transporte del 360 bis. Así que los diputados que hicieron estas modificaciones son directamente responsables de las consecuencias que se produzcan puesto que lo más probable es que hayan copiado íntegramente de otro código del país los cambios que propusieron sin ni siquiera hacerle un mínimo de adecuaciones. Porque no saben lo que están haciendo y porque no les importa.

 

Esta falta de uniformidad hace todavía más complicada la utilización del código penal para sus operadores que aunque ya están acostumbrados a las continuas torpezas del legislativo, igualmente tienen que responder ante las partes y sí como es el caso de estos delitos la pena no es concreta, porque en el mismo código esa forma de sanción no existe, entonces se está ante la inseguridad jurídica y ya no sólo ante una ignorancia supina.

 

Finalmente, debería ser de una vergüenza inenarrable tener errores así y que estos sean ley vigente, a la vista de todo el mundo y para pesar de todos, cómo si no se gastara en asesorías, cómo si la libertad de la gente no dependiera de estas cosas. Porque sí cómo dice la Dra. Islas, el código nos define, entonces ni creemos en los derechos humanos, ni asumimos el uso de este derecho a modo de último recurso, ni tenemos la menor idea de la cantidad de conductas por las que podríamos ir a la cárcel. Apenas una certeza: entre más delitos haya más incompetente se reconoce el Estado. A más ver.

 

Por: Claudia Almaguer
Twitter: @Almgzur

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