El día de ayer la oficina de Naciones Unidas en nuestro país dio a conocer las observaciones finales acerca de la situación de los derechos de las mujeres realizadas por el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer a partir del Noveno Informe Periódico entregado por el Estado Mexicano. Se trata de un documento que si bien reconoce algunos avances principalmente en materia legislativa también describe preocupaciones serias sobre violencia y desigualdad que iremos desarrollando en esta y otras columnas.
Cabe decir, el Comité de expertas en mención es un órgano que revisa el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) creada en 1979 por la ONU y ratificada por México en 1981 durante el mandato de López Portillo; así que se trata de uno de los primeros instrumentos en materia de derechos humanos de las mujeres.
Desde luego que estos derechos no los hemos alcanzado todas, ni la igualdad, ni el acceso a la justicia, ni la vida libre de violencia; de hecho miles de mujeres soportan la discriminación de manera cotidiana y no solamente de trato, sino aquella que condena a la pobreza y a la falta de oportunidades como es el caso de las mujeres indígenas, afro-mexicanas, migrantes, con discapacidad y mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales.
Las observaciones del Comité señalan que en nuestro país persisten estereotipos negativos hacía ellas, prejuicios que afectan su participación en las comunidades, en la vida pública, en los partidos políticos y por consiguiente en los espacios de representación para la federación, los estados y municipios. Se indica también que su acceso al trabajo está limitado y que padecen altos niveles de pobreza y desigualdad, por ello es que parte de las recomendaciones buscan que el Estado asigne recursos financieros adicionales para aumentar el acceso a varias formas de crédito para ellas con el fin de promover el emprendimiento y el empoderamiento.
Y es que de acuerdo a la información generada desde el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en donde se retoman los estudios feministas, factores como la edad, la orientación sexual, el origen étnico, las discapacidades, la condición social o de salud, la condición de migrante, entre otras, pueden efectivamente proveer en este caso a que el disfrute de los derechos humanos de las mujeres se vuelva imposible.
Así que esta exigencia internacional que urge al Estado Mexicano para crear una hoja de ruta contra estas prácticas de discriminación conduce a reconocer que en la categoría conformada por todas las mujeres que habitamos el país, existen grupos muy concretos en los que convergen otras condiciones que inmerecidamente generan circunstancias de mayor opresión y violencia. De ahí que a la misoginia se le añada el racismo, el clasismo o la homofobia y que se exhiban con mucha más virulencia.
Pero inclusive considerando que México genere medidas para abatir la discriminación de género, vuelvo a decirlo, particularmente la que están atravesando mujeres indígenas, afro-mexicanas, migrantes, con discapacidad, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales; la visibilidad de sus experiencias es irremplazable ya no solo como un mero ejercicio de empatía, sino para que en otras dimensiones, sea posible comprender la diversidad que hay en las vidas de las mujeres, la urgencia de otros discursos, la conciencia de los privilegios propios y el deber de coadyuvar en que todas tengamos acceso a los mismos derechos. A más ver.
Claudia Almaguer
Twitter: @Amagzur
