Con el estímulo económico anunciado para la delegación panamericana, el Presidente de la República cumple con dos causas: reconocer desde lo más alto del gobierno el recio espíritu deportivo de nuestros atletas en circunstancias casi siempre adversas y motivar al equipo olímpico mexicano rumbo a Tokio.
La base de Lima 2019 llegará muy sólida al 2020. Pero hay dos causas más profundas en esta iniciativa que vale la pena analizar. La primera tiene que ver con la distribución de ese dinero: se entregará en mano a cada deportista. Sin juzgar a las federaciones, asociaciones deportivas o intermediarios, que interpretaban el papel de “tutores” del espíritu; el nuevo formato de financiamiento propone un giro radical reconociendo en cada atleta a un organismo independiente, capaz de tomar sus propias decisiones y administrar con sensatez su beca.
Por primera vez en la historia, México da personalidad a sus atletas, elevando el compromiso atleta-Estado a niveles extraordinarios: el estímulo no solo es económico, representa un honor. La segunda causa está relacionada con el origen del dinero, los fondos recaudados en la subasta de un célebre inmueble incautado abren un enorme panorama para establecer nuevos instrumentos de financiamiento en el deporte mexicano. Más allá de este hecho aislado, el detalle sirve para entender que hace falta cambiar la forma de pensar al momento de definir los presupuestos destinados al deporte. No se trata de apuntar el monto en un documento cada año, sino de buscar alternativas y recursos para alcanzarlo.
Es un primer paso para desarrollar el modelo económico que coloque a la actividad física y sus beneficios sociales como una prioridad. En cualquier caso, debe existir certeza sobre la conciencia deportiva que existe en la Presidencia de la República para atender a nuestros atletas, y trabajar en las fórmulas que les sostendrán.
Los Juegos Panamericanos de Lima 2019, antes y después, han funcionado como un periodo de reflexión sobre la importancia del deporte en la sociedad mexicana. Las conclusiones deben formar parte de un plan de renovación institucional que, apegado a una nueva forma de gestionar los recursos, garantice estabilidad.
JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ DE QUEVEDO
Milenio
