La decisión de permitir a los responsables de la «Fiesta Fantasma» reintegrar, en abonos, 721 mil pesos del monto desviado y actualizaciones generó inconformidad en el Comité de Participación Ciudadana (CPC), mientras que la Auditoría Superior del Estado (ASE) manifestó su desacuerdo con la decisión.
Para Juan Ramón Infante Guerrero, presidente del CPC del Sistema Estatal Anticorrupción, el fallo en torno al caso de corrupción en la ASE es «una clara muestra de impunidad y corrupción, pues se trata de una sanción muy ´light´ para los implicados».
Consideró que la juez Dora Irma Carrizales Gallegos fue «condescendiente» con el anterior auditor, José de Jesús Martínez Loredo, con los ex funcionarios Abraham Payán, Fernando Barrera Guillén y con el proveedor Benjamín Lozano Canseco.
«Por tratarse de delincuentes de cuello blanco, la justicia se ajusta a modo, cuando debió existir una sanción ejemplar», añadió.
Por su parte, la titular de la ASE, Rocío Cervantes Salgado, adelantó que la institución buscará la inhabilitación hasta por veinte años de los ex funcionarios implicados.
Mencionó que la ASE nunca estuvo de acuerdo en que los implicados pudieran acceder a la salida de reparación del daño, aunque reconoció que «esto es mejor a que exista total impunidad».
Con base en los comentarios de los abogados de la ASE, la funcionaria explicó que, para los responsables se buscaban siete años y medio de pena corporal y que, de acuerdo a la Ley, la reparación del daño solo aplica en penas de cinco años hacia abajo.
«Fue la jueza quien decidió que sí aplicaba esta reparación, ya que a final de cuentas lo que se pretendía era reintegrar el dinero sustraído del patrimonio público», explicó.
Cervantes Salgado dijo que existe la posibilidad de apelar el fallo en los próximos cinco días, lo cual se está valorando. Los mismos implicados tienen pendiente la resolución de otros dos casos, el de la «Nómina Secreta» y el de Pensiones, este último por alrededor de 34 millones de pesos.
Para las dos acusaciones pendientes, los involucrados ya no tendrían el beneficio de apelar a la reparación del daño.
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