La propuesta enviada por el gobernador Juan Manuel Carreras López al Congreso para restructuras la deuda pública del estado prevé un monto de tres mil 686.9 millones de pesos, saldo de tres créditos vigentes que engloban el total de las obligaciones financieras del Ejecutivo estatal, que se pagaría bajo en un plazo de hasta 18 años, equivalentes a las tres próximas administraciones estatales.
Ayer, la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado de la sesión prevista para el próximo jueves 21 publicó la propuesta de decreto para autorizar al Ejecutivo la restructuración o refinanciamiento de los principales créditos constitutivos de deuda.
En su exposición de motivos, el mandatario explica que «el panorama económico adverso», generado por la pandemia de coronavirus, provocará una baja de recursos, tanto propios como federales en este y el año próximos, que impactará de manera negativa las finanzas del estado.
Por esa razón «y para contar con los recursos presupuestales necesarios para enfrentar los gastos que en materia de salud ha provocado la emergencia sanitaria», el gobierno estatal considera necesaria la restructura de la deuda.
También señala que según la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Financieras y Municipios, al estado le corresponde un techo de financiamiento neto equivalente al 15% de sus ingresos de libre disposición en este ejercicio fiscal, por lo que el máximo de financiamiento que podría tramitar es de tres mil 757.4 millones de pesos
La propuesta de restructura pretendida por el Ejecutivo equivale al 98.1% de ese techo financiero.
Los tres mil 686.9 millones de pesos implicados en la restructura son el saldo de tres créditos vigentes del Ejecutivo, todos con Banorte, fechados en 2007, 2014 y 2015.
El decreto establece como fuente de pago del crédito una parte de las participaciones recibidas por San Luis Potosí procedentes del Fondo General de Participaciones. Se buscarán, señala el documento, mejores plazos y condiciones de pago, que no incrementen el monto de la deuda.
En el artículo 14, establece que las obligaciones derivadas de la restructura constituirán deuda pública y deberán inscribirse en el registro de obligaciones de la SHCP.
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