Ciudad de México • El IFAI y 33 órganos locales, agrupados en la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Comaip), exhortaron al Congreso de la Unión a consolidar una reforma constitucional que fortalezca el derecho de acceso a la información. En el llamado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y los organismos también pidieron crear un verdadero sistema nacional de transparencia gubernamental, que incluya como sujetos obligados para la rendición de cuentas a los partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. El posicionamiento público, que la Comaip acordó en su XIV Asamblea Nacional, contiene las propuestas que a consideración de dichos órganos de transparencia son indispensables incluir en la reforma constitucional que se analiza en la Cámara de Diputados. La propuesta destaca la necesidad de establecer claramente órganos garantes con autonomía constitucional, especializados e imparciales, cuyas resoluciones deben ser definitivas e inatacables para los sujetos obligados. No así para las personas, que podrán recurrir al IFAI como segunda instancia cuando no estén conformes con las resoluciones de los órganos locales, o al juicio de amparo, ante el Poder Judicial. La Comaip consideró que no se debe permitir a los sujetos obligados interponer recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las resoluciones de los órganos garantes, porque ello retardaría la entrega de información a los solicitantes. Descartó la posibilidad de facultar al IFAI para que pueda atraer recursos de revisión de las entidades federativas a discreción, porque se atentaría contra la debida autonomía de los organismos garantes locales. Además planteó que sería conveniente expedir tres leyes generales que establezcan estándares mínimos en materia de: transparencia gubernamental y acceso a la información pública; protección de datos personales y archivos. “Los partidos políticos deben ser sujetos obligados directos de la legislación en materia de transparencia, tanto a nivel federal como local, además de los fondos y fideicomisos públicos, las personas físicas y todo aquél que ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad”, insistió. Destacó la importancia de que se establezca constitucionalmente la obligación de todo servidor público de documentar sus actos de autoridad, para que la sociedad pueda realizar una revisión adecuada de su gestión. http://www.milenio.com/]]>
