El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación apuntó como procedente y radicó el expediente de acción de inconstitucionalidad presentado por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Andrés López Espinosa, en contra de los decretos 0295 y 0296 de reforma a la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí y el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, para endurecer las condiciones de libertad de operación de las Empresas de Redes de Transporte -ERTS-.
El motivo principal de la queja radicada por el pleno, se refiere a que el decreto 0295 de la LXII Legislatura, publicado en el periódico oficial del estado el 8 de noviembre y con entrada en vigor el 11 de noviembre de 2019, atenta contra derechos fundamentales tales como la libertad de comercio y trabajo, puesto que aplica restricciones injustificadas sobre las empresas de redes de transporte.
La promoción de la acción de inconstitucionalidad radicada por el pleno con el número 9 y el expediente número 137/2019, incluye una referencia a la reforma al párrafo quinto del Artículo 360 bis del Código Penal del Estado de San Luis Potosí ordenada mediante el decreto 0296 de la Legislatura vigente, en el que establece que para el caso particular de los operadores de esas empresas, conductas delictivas especificadas en ese código serán perseguidas de oficio, condición que también supone un trato inequitativo con respecto a los restantes operadores de transporte público.El presidente del organismo público autónomo argumentó en su promoción de la controversia constitucional, excesos e inequidad en el trato a los ciudadanos grupos o empresas operadoras de empresas de redes de transporte, luego de exigirles condiciones tales como el cobro de un impuesto especial que no pagan el resto de los concesionarios de taxis.
En esas condiciones, se les exige contar con convenios con instituciones de crédito, para llevar a cabo el cobro de tarifas por medios electrónicos, una autorización únicamente de un año con posibilidades de renovación para la plataforma de operación a distancia y a través de redes del servicio de transporte, y establece una serie de condiciones que no exige en las demás modalidades de servicio de automóviles de alquiler, tales como contar con vehículos con capacidad de cinco pasajeros, contar con bolsas de aire y frenos antibloqueo; que la unidad cuente con una distancia de 2 metros con 60 centímetros entre eje y eje, exige un maletero con capacidad mínima de 260 litros, e incluso fija un valor de factura de la unidad de por lo menos 3 mil unidades de medida y actualización -UMA- (253 mil 470 pesos).
También les exige que el vehículo sea nuevo, o incluso de modelo más reciente con respecto al año de registro de la empresa operadora, y una antigüedad máxima de 5 años; es decir, las empresas deberán renovar las unidades 5 años antes que el resto de los vehículos de transporte público.
También les exige que el conductor sea el propietario del vehículo y establece que caerá en infracción si no maneja la unidad que le fue autorizada.
La reforma vigente faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado para remitir a una pensión el vehículo que considera infractor, como sanción
El decreto 0265, en la fracción VIII del artículo 71 nonies, exige a las empresas evitar el pago en efectivo.
Los decretos de reformas legales son combinaciones de la iniciativa 484 del 16 de mayo de 2019, presentada por los taxistas José Augusto Contreras López, Pedro Pablo Meza Zárate, Artemio Ramírez Hernández y Rosendo Sánchez Ibarra declarada procedente el 26 de septiembre de 2019; le sigue en antecedente de la iniciativa 377 de la diputada Alejandra Valdez Martínez, presentada el 4 de abril de 2019 y declarada procedente el 26 de septiembre siguiente y por último, la iniciativa 348 del 28 de marzo de 2019, presentada por el diputado Martín Juárez Córdova y declarada procedente el 19 de septiembre siguiente.
Las tres iniciativas incluyen una serie de consideraciones para reformar la Ley de Transporte Público del Estado.
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