La cúpula empresarial se manifestó en contra de la iniciativa de reforma a la Ley de Seguro Social impulsada desde la Cámara de Diputados porque, afirmó, constituye “un incremento disfrazado de las cotizaciones obrero-patronales, que representa severos riesgos para los sectores productivos del país”.
Durante su mensaje semanal, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que la reforma al artículo 27 y derogación del 32 de dicha ley, pretende homologar las bases de cálculo de las contribuciones al IMSS e Infonavit con las del ISR, con el propósito de impulsar un supuesto proceso de simplificación y un incremento en los recursos que recibe el instituto.
Sin embargo, el organismo presidido por Gerardo Gutiérrez Candiani dijo que “se trata de una acción aislada y completamente insuficiente, ante la necesidad de una reestructura profunda del IMSS, que le dé viabilidad financiera para cumplir con sus compromisos con los derechohabientes y otorgar servicios de calidad”.
Lo preocupante, agregó, es que pudiera darse el caso de que se procese fast track una reforma de este tipo, sin consulta con los afectados directos, que son los trabajadores y los empresarios de México; todo esto completamente fuera de los tiempos establecidos en el Pacto por México.
El CCE recordó que las pequeñas y medianas empresas constituyen más del 64% de los patrones afiliados al IMSS, por lo que cualquier alteración en sus costos de seguridad social les representaría un impacto de administración muy serio y posibles crisis con la consecuente pérdida de empleos.
En tanto la afectación para los trabajadores, está en la derogación del artículo 32, que supondría un perjuicio inmediato.
“Implica la integración total al Salario Base de Cotización de conceptos como prestaciones de vivienda y alimentación, otorgados por parte de los patrones”, precisó la clase empresarial.
Además, dijo, al remitir las leyes sociales a las fiscales, como se pretende, pueden surgir gran cantidad de conflictos. La pretendida simplificación podría, en realidad, resultar en mayor confusión, complejidad y dificultad administrativa, advirtió.
Fue más allá: “Puesta en contexto, esta iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social va en contrasentido del espíritu de la reciente reforma laboral. De aprobarse encarecería las condiciones de contratación formal, provocando incentivos perversos para la informalidad y, con ello, una eventual disminución en los propios ingresos del IMSS, y no un aumento como el que se busca.”
De hecho, el CCE acusó a la clase política porque, una vez más, se quiere resolver los problemas financieros de instituciones del Estado castigando a los contribuyentes cumplidos.
Según el organismo lo que se requiere es aumentar la base de recaudación, disminuir la informalidad y reformar la administración y el gasto público, particularmente en el IMSS.
“Es preciso insistir en que la precariedad de las finanzas de esta institución es producto de un problema estructural, que exige una reforma al sistema de seguridad social con el fin de ampliar su alcance y hacerlo más eficiente, coordinado y sustentable en el largo plazo”, puntualizó.
El sector empresarial propuso medidas alternas que podrían apoyar las finanzas del IMSS entre las que se encuentran:
Crear un Fondo Nacional de Enfermedades Catastróficas, sostenido con impuestos indirectos. “Estos padecimientos son un grave problema de salud en México y deterioran de manera importante la capacidad financiera del IMSS”, precisó.
Además, sugirió generar estímulos atractivos para las empresas que contratan a trabajadores en edad de retiro; así como estímulos para los trabajadores que difieren su situación de pensión después de alcanzar la edad límite.
También consideró ampliar la base de trabajadores inscritos al IMSS, que sólo se logrará en la medida que se consoliden las condiciones propicias para la generación de nuevos empleos formales.
El CCE dijo que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social deberá hacer su parte y ser un factor de solución, consciente de la gravedad de la situación financiera del Instituto y de cómo gravitan sobre éste las condiciones insostenibles del sistema de pensiones de sus propios trabajadores.
Para los empresarios, lo que se requiere es una reforma de “gran calado” en el sistema de seguridad social, como la anunciada por el Enrique Peña Nieto, además de la reforma hacendaria programada en el Pacto por México para el segundo semestre del año, “no medidas que lo único que logran es mermar los ingresos de trabajadores asalariados y restar competitividad a las empresas mexicanas”, sentenció.
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