En este año, los estados y municipios gastarán en seguridad pública por lo menos 14 mil 191 millones 560 mil 775 pesos. Estos recursos provendrán de la federación mediante dos programas estipulados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. Mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), recibirán siete mil 631 millones 760 mil 775 pesos. Mientras que por el Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Subsemun), tendrán a su disposición cuatro mil 559 millones 800 mil pesos. Pero la asignación de más dinero no representa necesariamente la reducción de la criminalidad. Así lo reflejan los registros de prensa, que a falta de información oficial han dado cuenta del incremento de la delincuencia en los estados más beneficiados con recursos para seguridad pública. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se transfiere a las haciendas públicas estatales para ser empleados exclusivamente en el reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de policías. Los recursos se utilizan, además, para equipar las policías judiciales o sus equivalentes, peritos, ministerios públicos, policías preventivos o custodios de centros penitenciarios y de menores infractores. Así como para la construcción o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios, instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación. Este año, la entidad más beneficiada con el FASP es el Estado de México, con 612 millones 588 mil 460 pesos entregados por la federación. No obstante, también es una entidad en donde se ha disparado la violencia relacionada con actos delictivos. El Estado de México ha sido escenario de ejecuciones, presuntamente resultado del reacomodo y la pugna por el control territorial de asociaciones criminales. El pasado 3 de abril, la procuraduría mexiquense informó sobre la aparición de dos cadáveres que fueron colgados en un puente del municipio de Atizapán de Zaragoza. Según las autoridades, los asesinados posiblemente pertenecían a un grupo criminal. El Distrito Federal es el segundo mayor beneficiado por el FASP con 476 millones 141 mil 939 pesos. Sin embargo, la asignación de recursos tampoco ha redundado en una ciudad más segura. Según reportes periodísticos, en los primeros tres meses del año se registraron más de 150 asesinatos, consecuencia de asaltos, ajustes de cuentas, riñas y asuntos vinculados con compra-venta de drogas, en la capital. Otros estados receptores de la mayor parte de recursos del FASP son Veracruz con 365 millones 413 mil 204 pesos; Nuevo León con 292 millones 643 mil 789 pesos; Chihuahua con 266 millones 11 mil 246 pesos; y Guerrero con 235 millones 900 mil pesos. En estos estados la ola de violencia tampoco no ha disminuido, por el contrario, la percepción ciudadana da cuenta de que la inseguridad se ha incrementado. Periodistas y comunicadores también han sido víctimas de la violencia en los estados con altos ingresos por el FASP. Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León registran el mayor número de ataques con armas de fuego o explosivos contra instalaciones y oficinas de medios de comunicación, en lo que va del año. Por otra parte, tampoco está garantizado el uso efectivo de los recursos asignados mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. Según el informe de la cuenta pública 2011 de la Auditoría Superior de la Federación –el ejercicio de rendición de cuentas más reciente-, ese año se observaron en todos los estados del país transferencias indebidas, gastos sin comprobación, y pagos de servicios y adquisiciones que no tenían que ver con los objetivos del fondo. Por ejemplo, en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán se detectaron faltantes por 553 millones de pesos en distintas transferencias bancarias. En los estados de Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas se observaron irregularidades por 23.8 millones de pesos, en pagos indebidos por concepto de remuneración a personal. No obstante, las diversas irregularidades, los estados tendrán un “monto garantizado” de seis mil 916 millones 800 mil pesos, que se asignará conforme a los criterios de distribución utilizados en el 2010. Mientras que los 714 millones 960 mil 775 pesos restantes se asignarán conforme a criterios de población, combate a la delincuencia, control de confianza y depuración, información de seguridad pública y ejercicio de recursos. MÁS DE 4 MIL 500 MDP A MUNICIPIOS PARA SEGURIDAD El Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal entregará este año, más de cuatro mil 500 millones de pesos a 251 municipios de todo el país y delegaciones del Distrito Federal. El Subsemun es el recurso federal destinado a la profesionalización, equipamiento de los cuerpos de seguridad pública, mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones y desarrollo de políticas públicas para la prevención social del delito. Se entrega principalmente a municipios con alta incidencia delictiva y destinos turísticos, fronterizos o conurbados, para fortalecer el desempeño de los ayuntamientos en materia de seguridad pública y para preservar las libertades, el orden y la paz públicos. La lista de los 251 municipios y la fórmula utilizada para su selección fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2013. Se compone de 44 municipios, que tienen factores de riesgo que generan la violencia. Así como 20 municipios de más de 100 mil habitantes con mayor número de homicidios dolosos. Se incluyeron, además, 48 municipios, dos delegaciones y siete zonas metropolitanas en las que habitan 39 millones de personas cuya vida y patrimonio han sido amenazados con más de siete mil 700 homicidios dolosos, y más de 91 mil robos con violencia. Estos recursos adicionales para tampoco han significado la reducción de criminalidad en los municipios. Por ejemplo, se incluyen en la lista 32 ayuntamientos del Estado de México, entre ellos, Nezahualcóyotl, Ecatepec y Chimalhuacán, en donde se han registrado el mayor número de ejecuciones y atentados contra bares y centros nocturnos, de los últimos días. La experiencia demuestra que los recursos del Subsemun también han sido ejercidos de forma indebida en el pasado. La Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones a los municipios beneficiados por el Subsemun durante el 2011. Detectó irregularidades por 4.9 millones de pesos traspasados a cuentas bancarias ajenas al subsidio en municipios de Nayarit y San Luis Potosí. Recursos no ejercidos por 2.7 millones de pesos en Conalcalco, Tabasco; Tepic, Nayarit; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Veracruz; Xalapa, Veracruz y Mazatlán, Sinaloa. DIPUTADOS DEL PRI RESPALDAN ESTRATEGIA FEDERAL Legisladores del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados consideraron que los recursos asignados se ejercerán de forma eficaz durante el 2013, por lo que pidieron a la ciudadanía ser paciente y esperar que baje la inseguridad en el plazo de un año. La Diputada priista Ana Isabel Allende consideró que los crecientes delitos del fuero común y las notas periodísticas que exaltan las ejecuciones del crimen organizado, provocan en la ciudadana la percepción de que se ha disparado la inseguridad, con respecto al año pasado. No obstante, confió en que esta percepción individual mejore en cuanto los mexicanos observen resultados positivos en el combate a la delincuencia. “Estaba checando las encuestas que hace Inegi, precisamente la percepción de inseguridad en el último mes, si se redujo en 10 por ciento. No es un logro, es simplemente resultado del trabajo que se esta haciendo”, indicó la legisladora por Puebla. Ana Isabel Allende sostuvo que el Gobierno Federal trabaja de forma coordinada con los gobiernos estatales, a fin de avanzar hacia la certificación total de la honestidad y eficacia de las policías locales, a fin de garantizar la paz pública de forma regional. “Han tenido reuniones los gobernadores de cada estado con el secretario de Gobernación, con la voluntad de avanzar en este tema, que en buena parte es cuestión de voluntad política, porque requiere inversión poner un centro de certificación”, informó la también secretaría de la Comisión de Seguridad Pública. En el mismo sentido, el diputado Alejandro Montano consideró que el Gobierno Federal implementa un sistema integral para fomentar la seguridad pública, que incluyen estrategias para combatir la pobreza y regenerar el tejido social en todos los rincones del país. “Hay ahorita reportes, reclamos, de situaciones que se están presentando, pero obviamente es una ola que no se puede parar de la noche a la mañana y que consecuentemente debe tener una estrategia sólida para poder enfrentarla”, indicó el legislador priista por Veracruz. No obstante, la oposición consideró que no hay motivos para “lanzar campanas al vuelo” en materia de seguridad pública. “No hay razones para suponer que las perspectivas mejore, sobre todo cuando el propio presidente de la República ha dicho con toda tranquilidad y pudiera decir que con cierto desparpajo, que se empezarán a dar resultados en el transcurso de un año, como si estuviéramos en posibilidades de soportar un año más estos índices de violencia”, aseguró Alfonso Durazo, Diputado por Movimiento Ciudadano. Subrayó que la mejor forma de avanzar hacia la pacificación del país es combatir la corrupción policiaca. “La red de complicidades en el país no solamente es muy sólida, sino que cada vez es más amplia”, apuntó.
Con información de: Sin Embargo
