Claudia Espinosa Almaguer – @Almagzur
La semana pasada, a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona comentó que iba a insistir en la iniciativa para la castración química a violadores para acabar de una vez por todas con las violaciones y los feminicidios: “ya si no es castración química, pues física, pero tenemos que hacer algo”. Al igual apuntó la responsabilidad a las y los jueces que liberan a los agresores de las mujeres quienes ante la tibieza con que son tratados, reinciden.
Previo a cuestionarse las ventajas que habría tenido dedicarse a la carnicería en lugar de a la abogacía, rescato la frustración ante jueces mayormente preocupados por evitarse la fatiga de analizar con perspectiva de género como debería ser al tomar sus decisiones en casos donde la víctima es una mujer. Por lo demás, el derecho en México, vinculado a un bloque constitucional de derechos humanos inhibe cualquier sueño charcutero.
Hablemos ahora en serio. En el Estado entre enero y octubre de 2023 se recibieron 15,708llamadas al 911 por agresiones a mujeres: 10,934 por violencia familiar, 1,849 por violencia de pareja, 83 por violación, 196 por hostigamiento sexual, 163 por abuso sexual y 2,843 por incidentes de violencia contra la mujer.
Respecto a carpetas de investigación iniciadas, se denunciaron 11,534 delitos: 88 muertes violentas de mujeres entre feminicidios y homicidios dolosos y culposos, 1843 lesiones, 563violaciones, 634 casos de abuso sexual, 248 por acoso y 37 por hostigamiento además de 8117por violencia familiar y 4 por trata de personas. Pregunte ¿cuántas de estas investigaciones llegarán a sentencia? inclusive para los crímenes más graves para las víctimas y sus familias, ¿cuántos conseguirán acceso a la justicia o reparación adecuada? y la cifra disminuirá considerablemente.
A este panorama se suma la Alerta de Violencia de Género en 6 municipios vigente desde junio de 2017. Para dar por cumplidas sus medidas se necesitaría que el Grupo de Trabajocreado para su vigilancia, demostrase que hay condiciones por haberse garantizado el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Conforme al acta más reciente publicada ello correspondería a las representaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres, las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, la organización civil MEXFAM y a la académica que sigue en funciones de seguimiento.
Sólo ellas podrían señalar el grado de cumplimiento del Estado prevista por el Instituto de las Mujeres de San Luis en el denominado “Programa de Acciones Estratégicas para Atender las Medidas de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/831264/47._Programa_de_Acciones_Estrategicas_para_AVG.pdf actividades a corto, mediano y largo plazo todas dependientes de lo que cada autoridad destine de recursos.
Para tener un parámetro es que están las cifras de llamadas e incidencia delictiva descritas en esta columna, donde claramente se observa un aumento del fenómeno que se ha vigilado desde el año 2006 hasta la fecha, en donde si bien es cierto convergen elementos del propio crecimiento poblacional de los municipios, también lo es que las estrategias carecen de recursos y de voluntad política para mantenerse en el tiempo.
El hecho de que a ningún mandatario se haya propuesto seriamente atender este problema, es decir la indiferencia absoluta a la calidad de vida de las mujeres potosinas, prueba del machismo y la invisibilidad es la única “herencia maldita” colmada de pruebas. Y ahora mismo, cuando los partidos políticos van a pedir su voto, las mujeres debemos averiguar si saben de este asunto, yo le apuesto que no. Seguimos.
