En San Luis Potosí, un 35% de los entes públicos no cumplen con la Política Estatal Anticorrupción, la cual requiere la presentación de declaraciones 3 de 3 y la actualización de información sobre actividades públicas en la plataforma estatal. Esta política aplica a 210 entes, incluidos los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, ayuntamientos, y otras dependencias.
El incumplimiento puede llevar a recomendaciones del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. La política exige designar personal para monitorear y evaluar el cumplimiento anticorrupción en cada entidad. Hasta ahora, solo 138 de los 210 entes han designado el personal necesario.
Jesús Rafael Rodríguez López, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, explicó que los entes pueden designar múltiples enlaces para este propósito, totalizando 323 asignaciones hasta el momento. El sistema de monitoreo fue desarrollado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, garantizando la fiabilidad de los datos a corto, mediano y largo plazo.
