Una demanda de desacato en relación con un amparo a favor del propietario de un predio casi saca a Andrés Manuel López Obrador del cargo de jefe de Gobierno del DF en 2005. En San Luis, el reclamo de un particular  por un predio invadido tiene rasgos similares. Por lo menos lo exhibe en su menos favorecedor modo del “háganle como quieran”.

Al cierre de la semana se daba por hecho el fracaso de un intento de desalojo en un predio muy extenso cercano a las instalaciones de la Fenapo. El dueño, o dueños, ganaron un amparo que interpusieron en tribunales desde 2012 en reclamo de actos de omisión por parte de las autoridades potosinas en una orden para que los pusieran en posesión del terreno, invadido éste por precaristas ya asentados ahí como colonos.

Los propietarios de la superficie enfilaron en la demanda sus reclamos a autoridades locales desde el gobernador del Estado hasta los jefes policiacos. Al jefe del Poder Ejecutivo en San Luis Potosí, le reprochan el incumplimiento de decisiones judiciales exhortadas por un juez en León, Guanajuato, relativas a la entrega en posesión del terreno a sus legítimos propietarios.

Para cumplir con este exhorto, el Gobierno del Estado tendría que hacer efectuado el desalojo de los invasores el 18 de enero de 2012. De entidad a entidad, el juez primero del ramo Civil de San Luis Potosí hizo lo necesario para gestionar el exhorto, fijó la fecha a las autoridades ejecutivas locales, así como la hora.  El Poder Judicial del Estado cumplió, no así el Ejecutivo, que decidió botar el problema al estilo de “háganle como quieran, yo no le entro”.

A la hora de rendir cuentas sobre el incumplimiento del exhorto, el actuario adscrito a la Central de Actuarios del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, dijo que no pudo hacer el desalojo porque “no se contó con la fuerza pública aunado a la oposición agresiva de las personas que estaban en el predio”.

Del secretario general de Gobierno, el segundo en la demanda, le reclaman que no proporcionó la fuerza pública necesaria para poner el predio en manos de los propietarios.  Al subsecretario Jurídico y de la Secretaría General de Gobierno, quien incluso firmó un oficio relacionado, le señalan incumplimento.  Y en las mismas incluyeron en el paquete al titular de Seguridad Pública del Estado, que no dispuso los policías necesarios, y al procurador.

Cuando el proceso de amparo les cayó, aquí negaron siquiera haber recibido el exhorto o haber sabido de éste, no obstante que algunos lo firmaron y otros aceptaron su existencia en forma expresa. Intentaron hacer como que la virgen les hablaba, pero en esos esfuerzos se enredaron.

El juez primero de distrito aquí falló a favor del quejoso. Halló fundado el concepto de violación por falta de un mandamiento eficaz a fin de lograr la ejecución de la sentencia de un juicio mercantil relativo a la superficie, una extensión que, a saber de inmobiliarios y desarrolladores, valdría varias decenas de millones de pesos.

La narración del actuario adscrito llevó al juzgador a concluir omisión de las autoridades potosinas. Todavía el titular de la Secretaría de Seguridad alegó algo relativo a escasez de personal. Y que se lo surte el juez federal: la razón por la que no otorgó la fuerza pública que le solicitó la autoridad judicial no está fundada en precepto legal alguno que lo faculte para desatender un mandato. En resumidas cuentas: que lo suyo eran pretextos mondos y lirondos para adecentar una conducta omisa, la consecuente denegación de justicia reclamada y con ello la violación de garantías constitucionales.

Por ahí el juez hasta dedicó en su fundamentación que para las autoridades implicadas en el caso, y para toda autoridad, queda descartada la posibilidad “de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia”.

La sentencia de amparo se concedió para superar la omisión reclamada, así que en ese momento, todos los implicados quedaron “obligadas, sin excusa” a cumplir la diligencia encomendada. Se supone que así lo intentaron, en un plazo establecido, pero el plazo parece que corrió.

Al tema ya le ven cierta miga similar a la de aquel asunto del predio “El Encino”, por el que andaban desaforando en 2005 a Andrés Manuel López Obrador, a la sazón jefe de Gobierno del Distrito Federal. El terreno, 13 mil metros cuadrados, fue expropiado en 2000 por la administración de la entonces jefa de Gobierno capitalino, Rosario Robles Berlanga, para abrir una vialidad. La empresa propietaria demandó y le fue concedido un amparo para detener las obras. En 2004, la empresa alegó desacato, demandó a Andrés Manuel ante PGR y pidió a la Cámara de Diputados su desafuero. En 2005 la Cámara votó su separación del puesto, pero  marchas multitudinarias a favor de AMLO hicieron escalar el conflicto. El presidente Fox ordenó el retiro de los cargos.

El pasado mes de abril, tras un litigio de doce años, un tribunal federal ordenó al Gobierno del DF el pago de casi 94 millones de pesos a inmobiliaria dueña de “El Encino”. No le fue tan mal al gobierno capitalino, puesto que la empresa pedía 240 millones de pesos por el terreno, daños y perjuicios supuestos o reales; el GDF ofrecía 70 millones para concluir el pleito.

¿En qué acabará este lío de propiedad inmobiliaria? Bueno, Toranzo no es AMLO en su momentum de 2005, encaminado a ser el imbatible candidato presidencial de la izquierda en 2006 y con veinte puntos de ventaja en las preferencias con respecto de otras figuras. Para bien o para mal: nadie verá aquí un desafuero como la oportunidad de sacarse a un rival político de gran proyección futura, pero tampoco, si tal cosa ocurriera, llenaría el señor  plazas y avenidas de San Luis Potosí con masas enardecidas y dispuestas a todo porque lo han desaforado.

Sus colaboradores, en caso de desafuero, pues más será el escándalo mediático que el efecto. Unos días de ruido y a otra cosa, mariposa.

Lo que sí es cierto es que los dueños de ese predio ya tienen trayecto judicial recorrido para continuar con su reclamo de propiedad en otros tonos. Y si Gobierno da motivo para que le endilguen que no cumple con su trabajo de garantizar justicia y atender un mandato judicial, porque no quiere o no puede, pues gratis no les va a salir el desplante. Esta administración, la que le sigue, o la que le sigue a la siguiente, acabaran pagando por su brillante estrategia de hacer que la Virgen les habla cuando tienen un mandato judicial. En el caso del predio “El Encino”, por lo menos el terreno en litigio se ocupó con una vialidad; acá, nada para dar en retribución a los contribuyentes.

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