El próximo martes 8 de marzo, tanto en México como en San Luis Potosí, no debe haber otro asunto que no sea la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, vigilar que se respete el derecho a la manifestación y la integridad de todas las mujeres que en lo individual y desde las organizaciones feministas van a participar en cada una de las acciones políticas y culturales que exigirán respuestas claras ante la violencia y la desigualdad.
No nos hallamos ante un asunto menor, en todo el país existen pendientes ineludibles que superan el ámbito de la voluntad personal de los gobernantes, en tanto derivan de obligaciones jurídicas concretas marcadas por la ley, y todas las entidades comparten contextos de desventaja y amenazas contra mujeres y niñas.
Al cabo de aquella marcha histórica de marzo de 2020, la pandemia contribuyó a silenciar las circunstancias denunciadas que estaban atravesando las mujeres, pero no las atenuó, por el contrario, actualmente sabemos que ellas han sido las más afectadas en su autonomía padeciendo mayores niveles de inseguridad económica y alimentaria, disminución de ingresos y desempleo lo cual ha sido señalado desde Naciones Unidas, como un riesgo importante para su integridad.
Para el caso de San Luis Potosí, previo a la crisis sanitaria se tenían ya documentadas prácticas discriminatorias como la carga en las horas dedicadas al trabajo no remunerado, la feminización de la pobreza y la escasa representatividad política.
Tales condiciones han sido recientemente vueltas a señalar en el estudio #ConLupadeGénero del Instituto Mexicano para la Competitividad que ubicó a la entidad en la posición 19, es decir estancada en lo que debería llevar a cabo para equilibrar el tiempo invertido en labores de cuidado, la participación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral, así como la educación y formación de sus capacidades.
En cuanto a la violencia, como el obstáculo principal para conseguir la igualdad, en los años anteriores a la pandemia, sabíamos que más de la mitad de las mujeres habitantes del Estado habían sido sometidas a una o más de sus tipos en distintos ámbitos y por parte de diversos agresores tanto familiares como compañeros de trabajo o personas desconocidas.
Para este martes en que ellas salen a las calles, habrán transcurrido 4 años, 8 meses y 16 días de vigencia de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, sin embargo, el avance de esas medidas extraordinarias y su eficacia se desconoce, aunque el agravamiento de la violencia no. Está allí en la incidencia delictiva contra las mujeres que abarca miles de actos denunciados y llamadas de emergencia al 911, además de los 112 feminicidios producidos desde esa misma fecha.
A este escenario ahora debemos añadir la posibilidad de solicitar una segunda declaratoria de alerta para el estado por agravio comparado toda vez que la omisión de legislar por parte del Congreso actual, temas como la interrupción legal del embarazo, las adecuaciones en materia de órdenes de protección y la nula voluntad política para crear las herramientas adecuadas para ello están generando un riesgo importante para las mujeres.
No dude que nos esperan los muros y el silencio, como en otros sitios aguardarán los actos de represión, porque el Movimiento Feminista de México es la única oposición que estos gobiernos no han conseguido desarticular ni denostar y es que perseguimos un interés legítimo, compartimos una agenda que pone a las mujeres como sujeto político esencial sin el cual no se puede afirmar que se respetan derechos humanos, defendemos la vida y la libertad de las mujeres en el país más feminicida del mundo. A más ver.
Claudia Espinosa Almaguer
