Enrique Peña Nieto sabe que el tamaño de su figura como presidente pasa por hacer sentir a los mexicanos que viven en un país en paz y por eso propuso, entre otras cosas, reducir el número de secuestros, uno de los delitos que más espanto genera. Por ahora no lo está consiguiendo. En los primeros tres meses del nuevo gobierno mexicanofueron denunciados 326 casos de raptos, frente a los 299 de las mismas fechas con su antecesor, Felipe Calderón.
En campaña electoral, consciente de que hay que acabar con la esquizofrenia de una nación con una perspectiva positiva de crecimiento económico pero con más de mil secuestros denunciados al año desde 2006, dijo que poner fin a esta lacra era una de sus prioridades. El repunte marca una duda de arranque.
Frente a esta realidad, los afectados y las organizaciones civiles animan al presidente mexicano a poner en marcha un plan antisecuestro bien estructurado y con recursos. “No ha planteado la estrategia (anticrimen), dijo que iba a hacerlo pero no lo ha hecho. Yo le creo a Peña y creo que tiene un interés verdadero en atajar este problema pero por ahora no hay resultados. Urge que diga cómo va a hacerlo y necesitamos ver la gendarmería”, explica María Elena Morera, presidenta de Causa Común, una asociación que apoya a los familiares de secuestrados.
De eso, Morera, sabe un rato. A su marido se lo llevaron y ella luchó hasta que se lo devolvieron, pero con cuatro dedos menos. La pareja emitió unos anuncios en televisión denunciando el clima de impunidad que impactó a todo el mundo. Los homicidios, en la mayoría de las ocasiones, se relacionan en México con la delincuencia organizada, se ven lejanos, como si el ojo por ojo fuese una ley justa en ese submundo. Los secuestros, en cambio, alcanzan a las clases más favorecidas. Suponen un golpe de realidad.
Por si fuera poco, Morera considera que en estos cuatro meses han aumentado los asesinatos tras los secuestros. Su sensación se basa en experiencia propia. De los últimos diez casos que ha atendido en 2013, seis de los raptados acabaron asesinados, dos quedaron en libertad y de los otros dos nunca se supo. “Te hablo de secuestros nacionales. Si no se frenan, esto va ir en aumento porque es un negocio que mueve mucho dinero”, ahonda en entrevista con EL PAÍS.
Tanto que algunos cárteles de la droga como el de Los Zetas han hecho de esto una forma de vida. Han diversificado sus ingresos, como en su día la camorra italiana, y encuentran más rentabilidad en los secuestros y el cobro de piso, el pago por ser y estar, que en la droga. ¿Cifras? No se conocen, son negociaciones que se llevan en la sombra y con el mayor de los sigilos pero mueven millones de dólares al año, según los expertos. Como indicador sirve la recomendación Morera a los familiares: no ofrecer nunca más del ocho por ciento de la primera cantidad que exigieron los captores.
¿Cuánto tiempo se necesita para que una estrategia de seguridad dé resultados? Seis meses mínimo, advierte Samuel González, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experto en seguridad. “No me extraña que se mantengan estas cifras de criminalidad. Las bandas de secuestradores existen y no van a desaparecer porque haya un cambio de gobierno. Lo contrario sería sospechoso. Los cambios de Peña Nieto se van a apreciar en medio año y en un año se sabrá si realmente hay resultados positivos, que creo que los habrá”, razona. González cree que el presidente está dando los pasos correctos al dar por acabada la guerra frontal contra los carteles, coordinar mejor las policías y al poner al frente de la Procuraduría –fiscalía- a alguien con el peso de Jesús Murillo Karam. Aunque él también echa de menos una mejor especialización y dotación de las unidades antisecuestros.
El papel de las autoridades resulta fundamental para acabar con el clima de impunidad. En un país donde hay 1.600 cuerpos policiales distintos y poco coordinados, las unidades antisecuestro no son una excepción de eficacia. “No están bien estructuradas. Durante un tiempo las supervisé para que hubiese gente cualificada pero no hay personal, no hay medios. Todo se queda en palabras”, lamenta Isabel Mirada de Wallace, presidente de la organización Alto Secuestro.
El también académico de la UNAM Carlos Mendoza planteó en el periódico Reforma que una de las soluciones pasa por reforzar la Estrategia Nacional Antisecuestro, aprobada en el sexenio anterior pero que a la vista de los datos no ha tenido éxito. Los seis primeros meses de Peña Nieto se antojan iguales o incluso peores. Mendoza propone que los policías estén obligados a permanecer cinco años en unidades antisecuestro para que tengan una correcta capacitación y que tengan equipos que no sean transferidos a otros departamentos, como a menudo ha ocurrido. A corto plazo el profesor ve muy difícil que la situación pueda cambiar.
Nadie se pone de acuerdo con las cifras reales. Los datos que encabezan este reportaje no incluyen los secuestros exprés –la modalidad de tener alguien retenido hasta que desplumen sus tarjetas de crédito-, tampoco necesariamente a eso que este país se conoce como “levantones”, es decir, retenciones donde más que solicitar un rescate los criminales dan muerte o desaparecen a las víctimas, ni el rapto cada año de miles de inmigrantes centroamericanos que tienen que cruzar México para alcanzar Norteamérica, un tema que alarmó a la ONU. Algunas organizaciones calculan que hay 70 al día pero que la mayoría no se denuncian. Morera cree que sí se denuncian bastantes. Mirada de Wallace, lo contrario. El instituto de estadística mexicano estima –y no es más que eso, una estimación- que ocho de cada diez delitos nunca se dan a conocer a las autoridades. La experta en estadística Sandra Ley cree que es imposible hacer una evaluación seria y fundamentada al respecto. De ese tamaño es la confusión sobre este asunto.
La preocupación es evidente, con datos reales o sin ellos. El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, habló el miércoles de una crisis de seguridad en el país, aunque matizó que heredada del pasado, y recalcó que los resultados no serán inmediatos.
Pero el tiempo apremia. “Esto está pasando ahorita”, recalca en varias ocasiones Miranda de Wallace, por si quedan algún despistado. Ella tuvo enfrente a los hombres que secuestraron y asesinaron a su hijo Hugo. “Sí, lo hice”, le confesó cabizbajo Jacobo Tagle, el inductor. Esa escena se produce en diciembre de 2010. “Sentí alivio”, rememora ahora Wallace. Cinco años antes, al enterarse de la desaparición de Hugo, abandonó su trabajo y comenzó la caza y captura de todos los implicados. Desplegó carteles gigantescos por toda la ciudad con la cara de los criminales y ofreció recompensas millonarias a quien ayudase a encontrarlos. Esta mujer que podría pasar por la madre de cualquier hijo del mundo, representó la justicia en un país donde rara vez hay justicia. Los detuvo y los llevó en comisaría, uno a uno.
Pese a su fallido intento por ser jefa de gobierno (alcaldesa) del DF representando al Partido Acción Nacional (PAN), las víctimas tienen a Wallace como un referente, un Javier Sicilia menos espiritual pero más práctico. “No me extrañan las cifras, no hay sensación de que esto se haya rebajado. Me llegan casos a diario y nosotros les ayudamos”, cuenta. La aspiración de Peña Nieto es ser esa mano que atienda a las víctimas pero para eso aún le queda mucho.
Con información de: El País
