Astrolabio
Hablar de los escándalos financieros de la administración de Victoria Labastida Aguirre resulta a estas alturas francamente redundante. Los excesos están suficientemente documentados en los anales periodísticos de la ciudad, pero sobre todo, en el quebranto económico de un gobierno cuya deuda el tesorero municipal Juan Ramón Nieto Navarro estimó en casi 800 millones de pesos.
Esta semana, distintas versiones periodísticas señalaron que en documentos y solicitudes de información, constaba que el ayuntamiento había pagado en favor de servidores públicos una gran cantidad de intervenciones quirúrgicas con fines estéticos (ilegales) por una cantidad millonaria.
Ante el señalamiento, el Oficial Mayor del ayuntamiento admitió que por instrucciones del alcalde Mario García Váldez 12 empleadas municipales fueron destituidas de sus puestos por haberse realizado operaciones estéticas “de nariz, lipoescultura, mentón y senos” con recursos públicos, por lo que además del despido, se recuperarían las cantidades erogadas a través de descuentos en las respectivas liquidaciones y se promovería su inhabilitación para desempeñar cargos en la administración pública. El funcionario aprovechó la publicidad de tan enérgica decisión para “aclarar” que lo gastado no equivalía de ninguna manera a los “millones que por ahí se había comentado”.
En estos tiempos de restitución impune en el abuso de los recursos públicos, sería insensato no congraciarse con la decisión del alcalde de actuar con energía en contra de los trabajadores públicos alevosos, sin embargo, para documentar nuestro escepticismo, vale la pena poner en perspectiva que el gobierno local actuó hasta que la prensa ventiló el caso, que la acción se emprendió únicamente en contra de empleadas de base que sobrevivieron al cambio de administración (tan así, que fue por ése motivo que las despidieron), y sólo aparecen como responsables mujeres, como si la vanidad con cargo al erario tuviera patente de género. Las dudas son incontenibles:
¿Cómo se percataron las actuales autoridades municipales del abuso de esas empleadas que se realizaron intervenciones cosméticas de forma totalmente anómala? Si fue a través de la “vox populi” como ha insinuado en declaraciones el propio Oficial Mayor ¿Qué esperan para actuar al escuchar todos los “secretos a voces” que con lujo de detalles documentan la rampante adquisición de negocios, despachos, vehículos, residencias, etc. En favor de una pequeña facción de funcionarios de la pasada administración? Ahora bien ¿Fueron las empleadas las que disfrazaron con aparentes motivos de salud las cirugías estéticas, o algún funcionario patrocinó la petición para que éstas se practicaran de forma descarada? ¿Es por eso qué solamente se emprendieron procesos administrativos contra ellas? Primera noticia enterarnos que basta que una empleada decida “hacerse pompis en la barbilla” para que solícito el ayuntamiento asuma los costos. ¿Quiénes autorizaron administrativa y financieramente las operaciones y por qué los proveedores médicos aceptaron otorgar un servicio que según declaraciones de la actual sindicatura es ilegal, y en consecuencia, la razón que fundó y motivó la destitución de las 12 trabajadoras? Y aún más importante ¿Por qué ante la flagrante ilegalidad cometida, la única determinación tomada fue destituir a las ex servidoras públicas y no proceder a la presentación de las denuncias penales que permitieran investigar exhaustivamente éstas y otras decenas de operaciones que pudieron haberse hecho pasar como médicas siendo en realidad cosméticas, y de esa manera desmadejar la trama de intereses y sancionar el desvío de recursos públicos?
La admisión de estos casos de corrupción debería ser motivo suficiente para que a través de acciones penales, solicitudes de auditoría específicas a la ASE y a la ASF, así como peritajes médicos, se pudieran aclarar con suficiencia las razones y justificación clínica de todos y cada uno de los eventos en que se pagaron intervenciones quirúrgicas en los últimos tres años, independientemente del rango de quienes se beneficiaron con ellas.
Entre octubre del 2009 y septiembre del 2012, el ayuntamiento capitalino sufragó con recursos de todos los potosinos, poco más de 3,100 intervenciones quirúrgicas (multitud de ellas con el sufijo “plastia”) en hospitales privados en beneficio (aparentemente) de sus funcionarios y empleados. Si tomamos en cuenta que los burócratas municipales son aproximadamente 5,000 el dato significaría que 6 de cada 10 fueron intervenidos en los últimos tres años (epidemias misteriosas del siglo XXI), a no ser que no sólo se pagaran las operaciones de los servidores públicos, lo cual a estas alturas ya no se sabe si sería peor. Para ilustrar el tamaño de lo que debería fiscalizarse con lupa, el presupuesto del ayuntamiento de la ciudad destinado a gastos médicos en los años 2010, 2011 y 2012 asciende a 450 millones de pesos. No hay gobiernos pobres, hay gobernantes blandengues.
Según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública “los datos personales (…) relativos a la salud y expediente médico…” son considerados información confidencial y no pueden utilizarse por las instituciones que las poseen. Eso es verdad y qué bueno que así sea, porque de esa manera se protege la vida privada de las personas, con independencia de si desempeñan o no una función pública. No obstante, cuando un servidor público comete un delito aprovechando en su beneficio privado el ejercicio de su cargo, al proceder penalmente las autoridades en su contra, éstas deben dar a conocer exhaustivamente los detalles de la conducta ilícita que se le atribuye, puesto que constituye un acto elemental de legitimación en defensa del interés y el bien público.
Si sólo se actúa contra mujeres; si sólo se actúa contra trabajadores de base, y no contra ex funcionarios; si sólo se actúa contra las beneficiarias y no contra los decisores; si sólo se actúa contra unos pocos casos y no contra todos los semejantes; si sólo se actúa administrativa y no penalmente; si sólo se hace demagogia mediática y no justicia efectiva; si se premia el escándalo y no la legalidad, todo quedará claro.
Este gobierno municipal también le pagará la cirugía plástica a la impunidad.
Oswaldo Ríos
Twitter: @OSWALDOR10S
