El estudio “Sueños y aspiraciones de los mexicanos”, realizado por la agencias GAUSSC y Lexia, presenta con una claridad contundente, el individualismo exacerbado que caracteriza a nuestra sociedad.
Dicho estudio refiere: En proporción abrumadora los mexicanos creen en sí mismos más que en el país donde viven. Todo o casi todo lo esperan de su propio esfuerzo, poco o nada de la calidad política, económica o social de la nación que han construido.
No existe más, si alguna vez existió, algo parecido a un sueño o una aspiración común, un sueño mayoritario que comparta siquiera la mitad más uno de los mexicanos. Se diría que la unidad nacional ha volado en pedazos.
La apuesta al propio esfuerzo y el refugio en la familia como mundo nuclear, dibuja, con fuertes trazos, la imagen de un ciudadano que desconfía correlativamente de sus elites dirigentes, en particular del gobierno, y mira hacia el país con un sentido crítico acusado que incluye el resentimiento de creerlo un país rico y no haber recibido suficiente de él.
Estamos frente a un ciudadano que lo único que reconoce es su bienestar personal y familiar, que el único derecho que respeta es el de resolver su vida con los medios a su alcance, perjudiquen éstos o no a su comunidad y a su nación.
Considero que es éste individualismo exacerbado, el que puede explicar la razón por la cual un grupo de funcionarios públicos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, decidieron violar la ley y realizarse cirugías estéticas. Lo que importa es mi beneficio personal, soy funcionario para sacar tajada, para obtener prebendas, para colocarme en una situación de privilegio. No importa el que mi actuar viole la ley, lo verdaderamente relevante es lo astuto que puedo ser, para encontrar la forma de obtener lo que no me corresponde. Estos son los postulados que rigen de forma lapidaria lo que hemos denominado como “función pública”.
Desafortunadamente pareciera que estamos condenados a la repetición de éstos y mucho más casos de abusos por parte de quienes se dicen servidores públicos. Bastaría con revisar las primeras planas de nuestros diarios para hacer un rosario de asuntos de todo tipo, en donde día a día vemos como se saca ventaja de manera indebida y nada sucede.
No basta denunciar el abuso, no basta publicarlo en todos los periódicos, es preciso avanzar y crear mecanismos que verdaderamente eviten estos excesos que se han vuelto la regla general. A mi juicio, requerimos modificar el marco jurídico para establecer que toda persona, física o moral, cuando reciban cualquier beneficio o prerrogativa del erario público, sea en numerario, en especie o en tratamientos especiales, quedarán, por el solo hecho de recibirlos, sujetos a que las autoridades revisen y auditen sus cuentas y si las leyes les concedieran algún beneficio de secrecía o inmunidad, por el solo hecho de recibir algún tipo de beneficio de parte del erario y en general del poder público, se considerará que han renunciado a tales derechos.
En un ejercicio de congruencia, en días pasados presenté ante el Congreso del Estado, una iniciativa de ley que apunta en el sentido mencionado. Dicha iniciativa puede ser consultada en: http://issuu.com/garzamarroquin/docs/iniciativa_ciudadana_10-abr-13?mode=window. Cualquier comentario, observación o crítica a mi propuesta es bienvenida. Veremos si lo congresistas locales están a la altura de las circunstancias o prefieren jugar el juego de complicidad que también caracteriza a la función pública en nuestro México…
http://pulsoslp.com.mx/opinion/yo-mi-me-conmigo/
