Fueron aprobados por unanimidad en comisiones del Senado; el grupo parlamentario del PAN fracasó en el intento de llevar a debate su propia iniciativa
CIUDAD DE MÉXICO, 21 de marzo.- Por unanimidad, las comisiones unidas del Senado aprobaron anoche la reforma a la Ley General de Víctimas, que sumó un total de 150 cambios agrupados en 69 conceptos, entre ellos seis adiciones que impulsó el PAN, el cual, sin embargo, fracasó en su intento de que los estados creen fondos de atención a víctimas y que se discutiera íntegra su propia iniciativa.
En poco más de dos horas, con el respaldo absoluto del PRI, PRD, PVEM, PT y Layda Sansores, las comisiones unidas del Senado avalaron en sus términos los 144 cambios propuestos por las organizaciones encabezadas por María Elena Morera, Javier Sicilia y Alejandro Martí, y aceptó seis de las 12 propuestas de adición y cambios planteados por el PAN, cuyo aval llevó al respaldo de Isabel Miranda de Wallace, otra líder de agrupaciones de defensa de víctimas de la violencia y de la delincuencia.
Las priistas Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, y Arely Gómez, secretaria de la Comisión de Justicia, junto con la titular de la Comisión de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña, fueron las encargadas de fijar la posición de dos de las tres principales fuerzas políticas del Senado en su respaldo a la propuesta de las organizaciones sociales.
Por el PAN, Roberto Gil, presidente de la Comisión de Justicia, y Héctor Larios, secretario de la Comisión de Gobernación, fueron los responsables de lograr que las otras fuerzas políticas abrieran al debate las adiciones que plantearon.
El conjunto de reformas convertirán a la Ley General de Víctimas en un instrumento que distribuye la responsabilidad de la atención a las víctimas entre la Federación y todos los estados del país, por lo que todos deberán destinar recursos etiquetados para la atención de las víctimas de la violencia.
De igual forma, se hace una diferencia entre “víctimas indirectas” y “víctimas potenciales”, con lo cual se permite que a las y los defensores de víctimas se les tendría que otorgar protección en caso de que sus derechos a la vida y a la libertad se vean amenazados.
Los cambios incorporan la definición de hecho victimizante como “los actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delitos o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales”.
Se prevé, asimismo, que exista un registro federal y uno por cada entidad para conocer el número de víctimas, y se delimita la calidad de víctima a las personas físicas, a fin de evitar que las personas morales puedan adquirir esa condición.
También se plantea garantizar que las medidas de ayuda provisional se brinden durante el tiempo que sea necesario.
Además, se reconoce la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición forzada de personas.
El procedimiento para conocer y resolver las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición forzada se sujetarán a lo que dispongan las leyes aplicables, a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.
El documento establece las hipótesis en las cuales la autoridad que corresponda reembolsará los gastos relacionados con los servicios médicos que la víctima haya realizado, y que los reembolsos se cubrirán conforme a las normas reglamentarias aplicables.
El dictamen aprobado anoche resalta que “la propuesta representa un esfuerzo de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, pues al establecer, por ejemplo, la inclusión de registros federales y estatales permite mayor control y certidumbre al Registro Nacional de Víctimas, lo que dará pie a un modelo de evaluación con base en resultados de los alcances de la Ley General de Víctimas”.
El intento panista
En un escenario que mostró la molestia de Adriana Dávila, José María Martínez, Jorge Luis Preciado, Fernando Yunes y Roberto Gil, porque la “aplanadora” impidió que avanzaran seis de sus 12 propuestas, los panistas lograron la aprobación de seis cambios.
Uno de ellos para establecer que “son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieren sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito de violación de derechos”.
También modificar el concepto de compensación por erogación económica, y que “las comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas estatales y del Distrito Federal tienen la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.
“Las víctimas podrán acudir directamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cuando no hubieren recibido respuestas dentro de los cinco días hábiles siguientes, cuando la atención se hubiere prestado de forma deficiente o cuando se hubiere negado”.
Pero los panistas no lograron que las comisiones aceptaran discutir la iniciativa de reforma que presentaron un par de horas antes, porque el presidente de la Mesa Directiva, el panista Ernesto Cordero, no la turnó a las mismas comisiones unidas. Por ello, la petición fue improcedente.
Con información de: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/03/21/890026
