Amnistía Internacional (AI) criticó al gobierno mexicano por estar “vergonzosamente” en la lista de países que no firmaron ni ratificaron el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC), que entró en vigor el domingo 5 de mayo.
En un comunicado, AI destacó que 41 naciones firmaron ese protocolo y 10 lo ratificaron, pero México no, a pesar de que fue uno de los impulsores.
“Este nuevo instrumento es una herramienta clave en la lucha contra la pobreza, ya que posibilita a cualquier persona o grupo presentar sus casos sobre falta de acceso a derechos como la educación, agua, vivienda o la salud a un Comité de la ONU”, indicó, en el marco de la polémica generada por los señalamientos de uso electoral de la llamada Cruzada contra el Hambre.
Asentó que en este protocolo hay mecanismos de rendición de cuentas, ya que hace posible que las personas puedan poner quejas y exigir explicaciones si consideran que las medidas que se toman no están mejorando su situación.
“La pobreza es un problema de derechos humanos, es una tragedia de derechos humanos y ningún esfuerzo para combatirla tendrá resultados efectivos y duraderos si los derechos humanos no se ponen al centro de esta lucha”, afirmó Daniel Zapico, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México.
Además, dijo que preocupa el hecho de que si bien el gobierno federal ha reiterado numerosas veces su compromiso para erradicar la pobreza, hasta el momento se ha negado a firmar este tratado, lo cual pone en entredicho su credibilidad al respecto.
“El Protocolo no va a solucionar por sí mismo el problema de la pobreza en México, pero es un paso necesario para el empoderamiento de quienes viven en estas condiciones y una muestra del compromiso del Estado mexicano con sus habitantes y con la comunidad internacional, para garantizar una vida digna a todas las personas”, agregó Zapico.
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en diciembre de 2008 el Protocolo Facultativo. Desde entonces, 41 países lo han firmado.
El PF-PIDESC es el documento que establece los mecanismos de denuncia e investigación en casos de presuntas violaciones a derechos económicos, sociales y culturales. Implica la facultad de que cada ciudadano particular –si posee la nacionalidad de uno de los Estados firmantes– puede presentar una denuncia ante la ONU, por considerar que su nación no ha reconocido y aplicado correctamente esos derechos.
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