Acusa al PRI de “preparar el fraude electoral”; interpondrá demanda ante el TEPJF para nombrar al magistrado faltante faltante
El pleno del Senado concluyó ayer el último periodo ordinario de la LXII Legislatura en medio del encono político generado por la exigencia del PAN y el rechazo del PRI a nombrar al séptimo magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y aunque la ausencia de todos los panistas no frenó el trabajo plenario, frustró el nacimiento de la llamada Ley Ficrea, entre otros siete pendientes.
Con la ausencia de los 38 integrantes del grupo parlamentario del PAN, el pleno del Senado ratificó 27 nombramientos presidenciales, 10 instrumentos internacionales; hizo cinco cambios de ley, pero dejó ocho pendientes, entre ellos la llamada Ley Ficrea, la desindexación del salario mínimo, las sanciones contra el robo de hidrocarburos y la ley del Coneval.
Así, por primera vez, un grupo parlamentario completo faltó a su trabajo en el pleno del Senado, en protesta porque el PRI no definió su voto en torno a quién debe ocupar la vacante en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y para que no quedara lugar a dudas, la Mesa Directiva que encabeza Luis Miguel Barbosa sometió a votación la decisión y el pleno dominado por los priistas decidió no concluir el proceso legislativo de ese nombramiento.
“En el PRI lo único que les importa es la manipulación de los órganos electorales. Para Acción Nacional es indispensable nombrar al magistrado faltante en la Sala Superior del Tribunal Electoral. En el proceso ha ganado la obstinación y el cálculo político del PRI”, aseguró Fernando Herrera, coordinador de los senadores del PAN, al anunciar que no iban a entrar a la sesión.
Pero también por primera vez desde que comenzó la LXII Legislatura, la protesta panista no generó ninguna crisis interna, porque no tuvo eco entre los priistas, perredistas, verdes y petistas, pues todos ellos sumaron entre 68 y 77 votos para concretar siete votación que dieron origen a la integración de la Comisión Permanente, autorizar la salida de tropas de territorio nacional y ratificar 10 instrumentos internacionales.
Los panistas pidieron a Emilio Gamboa que les diera tiempo, porque iban a tratar de ponerse de acuerdo, la Mesa Directiva decretó un receso que duró casi tres horas, luego de que los panistas ratificaron que no entraban al pleno, y que al regreso ya no estuvieron los senadores del Partido del Trabajo.
Con votaciones que estuvieron en la línea del quórum requerido, porque fueron de 65 a 70, el pleno del Senado ratificó los nombramientos de Diana Bernal como procuradora en Defensa del Contribuyente; de Ricardo Treviño como titular de Aduanas; de Javier Laynez y Julián Alfredo Olivas como magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como a Max Alberto Diener como procurador fiscal.
De igual forma ratificó a 18 magistrados de salas regionales y tres magistrados supernumerarios de este mismo tribunal de justicia administrativa. Además, llevó a la Ley Federal del Trabajo la disposición para elevar la edad mínima para el trabajo de menores de edad y modificó reglas para un segundo crédito de vivienda, entre otros puntos.
Consecuencias
La ausencia del PAN en el Senado sí tuvo consecuencias en el nacimiento de la Ley Ficrea, porque el PRD no estaba unificado en ese proceso.
Dejó ocho pendientes de los que se comprometió con la Cámara de Diputados a aprobar en el periodo: desindexación del salario mínimo; Ficrea, robo de hidrocarburos, transparencia en obras públicas; ley del Coneval; cambios a Fonacot, todos minutas, así como disposiciones en materia de bullying y cambios en materia de seguridad.
Quedó pendiente la ratificación de Luis Miguel Montaño como vocal del IPAB.
“Hemos presentado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral un juicio suscrito por los senadores de Acción Nacional, pidiéndole que ordene al Senado a tomar conocimiento del dictamen de elegibilidad de los candidatos a magistrados”.
Frustran rescate de Ficrea
La decisión del Partido Acción Nacional (PAN) de no asistir al pleno del Senado echó por tierra la llamada Ley Ficrea, con lo cual se quedó en el aire el proceso de rescate de al menos cinco mil 319 ahorradores defraudados por Ficrea, pues el PRD retiró su respaldo a las reformas a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, porque organizaciones financieras rurales les pidieron no avalar su transformación a organizaciones reguladas por la CNBV.
Minutos antes de concluir la última sesión del periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura, Blanca Alcalá, del PRI, explicó ante sus compañeros del pleno que es lamentable que los intereses políticos de algunos senadores hayan frustrado esta reforma que se encaminaba a ayudar a los ahorradores, a protegerlos y a evitar que este tipo de fraudes se repitan.
Gerardo Flores, del Partido Verde, aclaró que esta reforma de ninguna manera se refiere a la desaparición de las cajas de ahorro, como falsamente se difundió por quienes se oponen a estos cambios.
Más discusión
Alejandro Encinas, del PRD, comentó que es necesario hacer una mayor discusión, con más detenimiento, para resolver las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.
Estas reformas tenían previsto que en mayo comenzara el proceso de apoyo a los ahorradores defraudados en Ficrea, pero al cerrar ayer el periodo ordinario estas disposiciones quedaron sin definición, y deberán esperar hasta septiembre, al arranque de la LXIII Legislatura, aunque el Senado puede analizarla en comisiones durante el llamado periodo de receso.
Fuente: Excelsior
