Desmiente el jurídico del arzobispado, Marco Antonio Luna Aguilar, presunto caso de sustracción de menores por parte de congregación de monjas, y explicó que las Misioneras Eucarísticas Guadalupanas de San José se llevaron a los niños con el consentimiento de sus padres y posteriormente su madre, luego de interponer una denuncia ante la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodem) por violencia intrafamiliar, recuperó a sus hijos, quienes se encuentran bajo su custodia.
El religioso ahondó en que este caso se sucitó en la comunidad de Salitral de Carrera, perteneciente al municipio de Villa de Ramos, en donde el párroco del lugar, Eduardo Díaz Espinoza, invitó a esta congregación de religiosas a que realizaran misiones en el sitio a finales del año pasado, y fue entonces cuando las religiosas detectaron la situación de maltrato que sufrían estos niños por parte de su padre, aunado a las difíciles condiciones económicas en las que vivían.
Asimismo, agregó que, después de dar cuenta de ello, las religiosas decidieron dialogar con los padres de estos niños para ofrecerles mejor educación y condiciones a los menores, de tal forma que pudieran por propia voluntad llevárselos para internarlos en un albergue que se encuentra en la capital, y de hecho los padres firmaron documentos para autorizar la salida de sus hijos.
Luna Aguilar refirió que, posterior a esto, las religiosas trajeron a los niños a San Luis Potosí, pero días después la madre de los menores interpuso una denuncia ante la Prodem, en donde estableció que era su esposo el que maltrataba a los menores, por lo que se acreditó esto y se le entregó la custodia a la madre.
Para concluir, hizo hincapié en que el papá de los niños y su familia han tergiversado las versiones de los hechos, aunado a que es incongruente que ahora digan que les robaron a sus hijos cuando él mismo firmó los papeles para que se trajeran a los menores a San Luis Potosí, aunado al tema de la violencia intrafamiliar y la custodia de los menores, cosa que en su caso, si hay denuncia, tendrían que definir las autoridades civiles y no la Iglesia.
Fuente: La Jornada
