En contraste, la filial de la empresa madrileña OHL será investigada por la CNBV, por supuestos sobrecobros
El gobierno de la comunidad autónoma de Andalucía, España, suspendió la adjudicación de Grupo México —que contaminó el río Sonora en marzo pasado— para explotar la mina de Aznalcóllar, que había sido otorgada a la empresa junto con su socia, la española Minorbis, (filial de Magtel).
Esto, por supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación de una licitación para operarla, como dio a conocer la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
Mientras tanto en México, las autoridades solicitaron que se lleve a cabo una auditoría durante la firma del Protocolo de Transparencia entre la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y que no se desconfíe de la figura de la concesión a la filial de la OHL en el país.
Lo anterior, luego de que se filtraron grabaciones en las que directivos charlaban sobre cómo aplicar sobrecostos en la construcción del Viaducto Bicentenario, en el Estado de México.
Incluso, Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), consideró que la autoría es la mejor forma para esclarecer el caso.
Agregó que la postura de la dependencia que encabeza es que si existe alguna duda respecto de la construcción del Viaducto Bicentenario se efectúe la investigación.
“Yo no tengo conocimiento de ningún caso de corrupción, porque son cuestiones que deben ser determinadas por la autoridades judiciales correspondientes”, comentó.
Consideró que OHL es una empresa de talla internacional, con presencia en muchos países, aunado a que en México ha cumplido invariablemente en tiempo y forma con los contratos que se le han asignado, la mayoría de ellos asignados por licitación pública, a decir del secretario.
Incluso, destacó la importancia de la concesión como un mecanismo para financiar y desarrollar obras de infraestructura.
CNBV actúa
En este contexto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una investigación contra OHL.
En tanto, el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, España, respondió a una denuncia presentada por la empresa Emerita Resources SLU sobre las irregularidades en el proceso fallado por la Junta de Andalucía en favor de Minorbis-Grupo México.
Pese a que ha habido quienes han defendido la transparencia en el proceso de adjudicación, autoridades han sometido a interrogatorio a funcionarios involucrados.
REACCIONES ENCONTRADAS LUEGO DE FILTRACIÓN DE AUDIOS DE OHL
El escándalo provocado por los audios, difundidos en redes sociales, en los que directivos de la filial mexicana de la empresa OHL buscaban aplicar fórmulas para que el gobierno del Estado de México autorizara a la empresa un incremento en las tarifas de peaje del Viaducto Bicentenario ha provocado diversas reacciones, entre ellas la falta de credibilidad, como señalaron especialistas consultados porExcélsior, debido a la forma en la que se operan algunas concesiones públicas.
El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, ha dejado claro que Apolinar Mena, secretario de Comunicaciones del Estado de México, permanecerá en su cargo e instruyó a que se suspenda todo ajuste de tarifas, además de solicitar una auditoría con apoyo de la Secretaría de la Función Pública, Transparencia Mexicana y la firma PwC.
Además, se ha hecho público que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) realizará una investigación sobre la información que OHL ha proporcionado al mercado de valores.
Cabe recordar que en los audios, se involucró a Pablo Wallentin, representante de OHL México; José Andrés de Oteyza, presidente del Consejo de Administración; Jesús Campos, director técnico, y a José Luis Muñoz, director de Planeación Financiera.
El pasado 11 de mayo, OHL dio a conocer que Wallentin solicitó abandonar el cargo de representante y consejero suplente en las filiales de la sociedad.
GARANTIZAN TRANSPARENCIA EN LICITACIONES
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) firmaron un Protocolo de Transparencia, en el que se establecen las reglas de contacto entre los contratistas y los servidores públicos en licitaciones de obras públicas, con el objetivo de transparentar estos procesos.
El convenio, signado por Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), y Gustavo Arballo Luján, presidente de la CMIC, precisa las reglas de contacto entre los contratistas y los servidores públicos de la SCT para cada procedimiento de licitación que rebasen un monto de 100 millones de pesos en el ámbito federal y de 30 millones, cuando los procesos se realicen por la vía de los Centros Regionales de la SCT.
Entre otros aspectos se establece que los funcionarios de la dependencia y las empresas afiliadas a la cámara rendirán una declaración de integridad en la que manifiesten que su actuación será apegada al marco jurídico y con total transparencia.
Además, todas las reuniones de los comités de obras y de adquisiciones serán filmadas para guardar testimonio de dichos eventos para garantizar la absoluta transparencia de la actuación de los servidores públicos.
Fuente: Excelsior
