Sí son casi 300 desparecidos durante gobierno torancista, advierte Fe y Esperanza.
Coincidió la asociación Fe y Esperanza para víctimas del delito con cifra de más de 300 desaparecidos en el sexenio de Fernando Toranzo Fernández, y aclaró que lo que sucede es que muchos de ellos ni siquiera constan en actas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) porque, contrario a su función primordial, en la dependencia impiden y ahuyentan a las víctimas que pretenden interponer una denuncia, por lo que hay una total ausencia de acceso a la justicia para los ciudadanos de la entidad.
Asimismo, hicieron el llamado a los candidatos a la gubernatura del estado a que hagan alguna propuesta o señalamiento al respecto del tema de las víctimas del delito, ya que hasta la fecha parece ser que se trata de un tema “intocable”.
Reyna Juárez Montejano, dirigente de la asociación, precisó que “nosotros hacemos un llamado a cada uno de los candidatos a que si llegan al cargo, pues que por favor volteen a ver a las víctimas; las víctimas del delito carecen de tantas cosas; nosotros hacemos la labor de educar a la población sobre la cultura de la denuncia, pero ¿cómo le hacemos? si el ministerio público no los toma en cuenta”.
Enfatizó que por una cosa u otra la PGJE impide que víctimas del delito, especialmente los graves, interpongan sus denuncias correspondientes o que le den seguimiento a sus casos: “sólo los traen a vuelta y vuelta”, criticó.
Comentó que “ya es tiempo que se acabe toda esta impunidad y toda esta corrupción ¿Cómo es posible que vayan de la mano los ministerios públicos con las aseguradoras, con los representantes legales y con los propios delincuentes, dejando a las víctimas de lado? Esperamos que los candidatos nos presenten una propuesta de cómo se va a apoyar a las víctimas del delito”.
Pendiente, comisión de atención a víctimas en el estado
Por otro lado, Juárez Montejano explicó que, a pesar de que ya existe una ley al respecto, aún sigue pendiente la conformación de una comisión ejecutiva de atención a víctimas de manera estatal, con lo que muchos de estos problemas se acabarían, ya que se trataría de un órgano especializado en resolver todas estas deficiencias e irregularidades.
Dijo que, ante este vacío, son cientos de personas víctimas del delito las que se sienten desamparadas, y son las que se han acercado a la asociación: “nosotros desafortunadamente tenemos un presupuesto limitado, nos dan un apoyo de nueve mil pesos mensuales, no nos alcanza para nada, nuestros abogados prácticamente lo hace por labor altruista, nos apoyan y se ponen la camiseta”, indicó.
Señaló, de igual forma, que por esta situación de limitado presupuesto actualmente sólo se están llevando alrededor de 20 casos, tanto en atención jurídica, atención sicológica y acompañamiento a las víctimas, pero en realidad se ha tenido conocimiento de más de 150 personas que han acudido a la asociación a buscar ayuda, sin embargo no a todos se les ha podido llevar sus casos.
En todos los casos se repite el contubernio y la corrupción al interior de la PGJE
Agregó que, desafortunadamente, en la mayoría de los casos que tienen conocimiento se repite el mismo patrón de corrupción y contubernio al interior de la PGJE, e incluso los nombres de los mismos funcionarios, que son los que operan esta red que impide el acceso a la justicia por parte de las víctimas, y lo peor es, fustigó, que en casos graves como homicidios y desaparecidos es donde más se presenta este comportamiento.
Fue enfática en señalar que en San Luis Potosí es grave el problema de los desaparecidos, y coincide la “cifra negra” de lo que han denunciado otras personas y asociaciones, que es de alrededor de 300, aunque reconoció que para determinarla se tiene que hablar con las víctimas, conocer páginas de Facebook de desaparecidos, etcétera, porque, reiteró, obviamente saben de la impunidad en la PGJE y por alguna u otra razón no acuden a denunciar, y cuando lo hacen parece que se busca hacer todo lo posible por eliminar estas investigaciones.
Recordó que ellos han seguido desde el primer momento el caso de la perito Guadalupe González Velazquez y su hijo Tadeo, desaparecidos desde finales del año pasado, caso al respecto del cual se ha hecho todo lo posible pero “la maquinaria que existe en la PGJE para encubrir y dotar de impunidad a los delincuentes ha hecho su trabajo y no deja que se pueda avanzar más en el caso”.
Por último, reclamó que de qué sirve tener un presupuesto enorme y recursos materiales y humanos en esta dependencia si no están cumpliendo con su labor en lo absoluto.
Fuente: Jornada
