Los diputados Rosa Ma. Huerta Valdez, Criósogono Sánchez Lara y Jaén Castilla Jonguitud presentaron una iniciativa que modifica diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí.
Al respecto el legislador Jaén Castilla Jonguitud dijo que con esta propuesta se busca cumplir en parte con el mandato previsto en la Ley General, mediante el cual otorga a los Congresos Locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, el deber de realizar las modificaciones legislativas dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor, plazo que se cumple el 5 de junio del año en curso.
Dijo que en esta propuesta de ley se toman en cuenta las condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en los diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos.
En ese tenor, el diputado Jaén Castilla expuso que se incluyen en esta propuesta los derechos de integridad personal; seguridad social; de libertad de condiciones éticas, pensamiento, conciencia y religión; de participación; de intimidad; de seguridad jurídica y debido proceso; de los migrantes; de medio ambiente sano, adecuado y ecológicamente equilibrado; a ser protegidos contra toda forma de explotación; y a una vida libre de violencia.
Señaló que en la actual normativa no indica la prerrogativa a la vida como un derecho de las niñas, niños y adolescentes, sino que solamente obligada al Gobierno del Estado velar por el mismo y a los padres, a la familia, tutores, cuidadores y a la sociedad en general a garantizar su sobrevivencia y desarrollo; por tanto, ahora se fija éste y se incorporan los derechos a la supervivencia y desarrollo, lo que implica concederles a este sector de la sociedad a vivir una vida plena en condiciones que garanticen su desarrollo integral; mientras que para las autoridades se les obliga a efectuar acciones para garantizar su desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra la vida, la supervivencia y el desarrollo integral de éstos; así como investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida del referido sector.
El derecho a vivir en familia viene a fortalecerse en relación a lo previsto por la normativa vigente en este tópico, puesto que plasma aspectos que son esenciales para evitar que las niñas, niños y adolescentes sean separados de su familia de origen o la perdida de la patria potestad, por razones económicas. Se regula sobre los casos en que las niñas, niños y adolescentes pueden ser separados de sus padres, pero en todo momento la normativa prioriza su integración a su familia de origen.
En este mismo rubro, las niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas que ejerzan la patria potestad por extrema pobreza o por necesidad de ganarse el sustento lejos del lugar de residencia. Además, no se considera como supuestos de exposición o estado de abandono, cuando por razones de las distancias de su trabajo no puedan atender directamente pero que se encuentren al cuidado de personas libres de violencia y les proporcionen elementos de subsistencia.
Fuente: El Heraldo
