“Le pido al Presidente y al gobernador que nos ayuden, la situación es muy grave”: alcalde.
Habitantes de la cabecera municipal de Chilapa de Álvarez denunciaron ayer la desaparición de entre 14 y 30 personas —14 de ellas plenamente identificadas— quienes fueron sustraídas por el grupo de civiles armados que mantuvo bajo su control la región del 9 al 14 de mayo.
Hasta el momento “tenemos tres denuncias presentadas ante el Ministerio Público, pero nos confirman en testimonios que son entre 12 y 16 personas que no aparecen, la mayoría jóvenes de entre 14 y 25 años”, dijo a MILENIO el alcalde de Chilapa, Francisco Javier García. “Le pido al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Rogelio Ortega que nos ayuden, porque la situación que vivimos es muy grave”.
Por la mañana, una treintena de mujeres y adolescentes de diferentes colonias populares y poblaciones aledañas convergieron en el centro de Chilapa para exigir la presentación con vida de sus familiares, muchos de los cuales fueron levantados al interior de sus domicilios por comandos de hombres armados que durante cuatro días peinaron la ciudad buscando a presuntos integrantes de Los Rojos.
“Tenemos la seguridad de que se trata de gente del crimen organizado, porque en ningún momento mostraron documentos que los acreditaran como policías comunitarios. Traían armas de grueso calibre y no podemos aceptar que sean comunitarios”, anotó José Díaz Navarro, coordinador del grupo de familiares de los desaparecidos. “Se llevaban a muchachos que acusaban de halcones”.
Documentados, explicó, hay 16 casos en testimonios presentados ante visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Coddehum), pero solo tres interpusieron las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público del fuero común.
En realidad, dijo, se tiene un reporte no oficial de 30 personas desaparecidas, pues algunas familias no quieren dar a conocer los hechos por miedo y otras han abandonado la ciudad.
A partir de que el gobernador Rogelio Ortega declaró públicamente que “negoció” con los civiles armados, los afectados plantearon que también debe exigir la información respecto al lugar en el que tienen a sus familiares, pues “no hay duda” respecto al hecho de que ellos se los llevaron.
Los familiares caminaron hacia las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ocupada por la policía del estado desde el 11 de mayo, tras el desarme de la policía local por parte de los supuestos comunitarios. Ahí, exigieron al Ejército, la Gendarmería y la Policía Federal ayuda para encontrar a los desaparecidos.
Matilde Abarca Pascasio, madre de Sergio Derramona Abarca, refirió que su hijo fue levantado de su casa por un grupo de supuestos policías comunitarios, quienes se lo llevaron con el argumento de que era uno de los encargados de cobrar piso en la cabecera municipal. “Eso es falso. Él es un comerciante”, reclamó.
Como ese, fueron recabados varios testimonios. Rosa Cuevas Santa Cruz, madre de Juan, Miguel y Víctor Carrasco Cuevas, denunció que sus tres hijos habían salido a vender un becerro a bordo de una camioneta, pero los supuestos comunitarios los interceptaron y desde entonces no sabe nada de ellos.
De acuerdo a los familiares, los desaparecidos son vecinos de esta ciudad y responden a los nombres de Alexander Nava Reyes de 21 años, Jorge Luis Salmerón Hernández de 22, Arturo Gutiérrez Jaimes de 19, Jaime Eduardo Villanueva Altamirano de 32, Gilberto Abúndis Sánchez de 30, Jorge Jaimes Abarca de 18, Héctor Jaimes Abarca de 30, Sergio Derramona Abarca de 25, Daniel Velázquez Romero de 23, Sergio Mancilla Téliz, Carlos Emanuel Meza Nava de 21 y los hermanos Miguel, Juan y Víctor Carrasco Cuevas de 23, 20 y 15 años.
Puros jóvenes
A las instalaciones de la Secretaría de Seguridad local llegó el alcalde García, quien sostuvo un encuentro de aproximadamente una hora con los familiares de los desaparecidos. Al término, refirió en entrevista que “la gran mayoría de las víctimas son jóvenes menores de 25 años; algunos se trasladaban en motonetas o realizaban su trabajo y fueronlevantados por estos desconocidos”.
Reconoció que si bien muchos de los hombres armados que irrumpieron en la ciudad el 9 de mayo son reconocidos en la cabecera como campesinos, también se mezclaron en los contingentes de supuestos comunitarios personas con los rostros cubiertos y armas de alto poder. Estaban equipados con chalecos antibalas y uniformes tácticos.
El edil, quien ha sido víctima de al menos un atentado, manifestó que durante su mandato se tiene un reporte de por lo menos 200 desaparecidos, dato que considera como alarmante, el cual fue dado a conocer al hoy gobernador con licencia Ángel Aguirre sin que hubiera respuesta.
“Cuando yo dije lo que pasaba, el entonces gobernador me atendió, pero en realidad hubo una cuestión mediática; se veían los cuerpos de seguridad que llegaban a la ciudad, pero así como entraban salían”.
Más tarde, la fiscalía de Guerrero señaló que ya hay 10 denuncias, de las cuales cuatro son por desaparición y seis por privación ilegal de la libertad.
Fuente: Milenio.
