Al Grupo México le ha llovido y de manera torrencial en España. No menos en Perú. En territorio mexicano, en particular en San Luis Potosí, el consorcio minero parece “protegido”, con una especie de paraguas que le han prodigado un grupo de magistrados del Poder Judicial Federal, respecto de la denuncia de despojo que se le imputa de un extenso predio localizado en la zona poniente de la ciudad.
En la nación europea la empresa minera, cuyo propietario es German Larrea, está bajo la sospecha de haber falsificado documentos a fin de obtener la adjudicación de un proyecto de explotación minera en Aznalzóllar.
El diario español El Mundo publicó una investigación que reveló que el pasado mes de marzo el Gobierno de Andalucia adjudicó los derechos de explotación de la mina en Sevilla a minorbis-Grupo México, a pesar de que la empresa no sólo incumplía los requisitos que el concurso establecía sino que también sabía que en el proyecto ganador podía haber documentos falsos.
“En especial los escritos con los que la adjudicataria acreditó su alianza con la multinacional mexicana que debía aportar la experiencia y la capacidad de la que la empresa española carece”, refiere el rotativo español.
El asunto resulta tan o más grave que la contaminación del Río Sonora, cuyo cauce la empresa aseguró haber remediado entre octubre y diciembre del año pasado, con la integración de un fideicomiso de dos mil millones de pesos que dedicó para ese propósito.
En tanto, en América del Sur, en Perú la empresa de Germán Larrea se vio obligada a anunciar un acuerdo con el gobierno de esa nación para suspender el proyecto minero denominado “Tía María”, con un valor de mil 400 millones de dólares. Pero ello después de casi un par de meses de protestas, en las que se argumenta que la empresa contaminará la zona.
Por si fuese poco, dirigente de diversas organizaciones sociales y civiles de siete regiones del sur de Perú, convocaron a un paro de dos días, miércoles y jueves de la próxima semana, en rechazo al proyecto minero de una empresa filial del Grupo México.
En tanto, aquí, la semana pasada los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, Juana María Meza López, Pedro Elías Soto Lara y Enrique Alberto Duran Martínez, han dilatado la resolución acerca de la denuncia interpuesta por particulares contra la empresa y los que se duelen de haber sido despojados de un terreno localizado en la zona poniente de la ciudad y cuya extensión aproximada es de 22 hectáreas.
En sesión pública, el magistrado ponente les requirió a sus compañeros su anuencia para retirar el asunto, luego de que fue enlistado para su resolución definitiva el jueves de la semana pasada.
Por el caso de corrupción en el que la empresa se ha visto involucrada en España no resultaría nada extraño que en San Luis Potosí la resolución le favoreciera al Industrial Minera México. Si están bajo sospecha de irregularidades, graves, en el extranjero… ¿Por qué no en casa?
Fuente: Astrolabio
