El Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo de Obvia y Urgente Resolución, mediante el cual se exhorta a la Delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado de San Luis Potosí a deslindar responsabilidades penales, administrativas y civiles en el lamentable accidente del pasado 19 de mayo en el que 11 personas perdieron la vida.
Además se exhorta a revisar exhaustivamente las condiciones de la supercarretera a Ciudad Valles en el tramo Rayón donde ocurrió el accidente para conocer si éstas influyeron para ocasionar la tragedia; apoyar a las familias de los fallecidos a ejercer los recursos legales a que hay lugar y poner a su disposición la asesoría necesaria para que tengan justicia.
De igual manera se solicita supervisar las condiciones de operación de la empresa a la que partencia el camión doble remolque responsable, así como si cumplieron con las obligaciones que les exige la ley, incluyendo supervisar las condiciones físicas y toxicológicas del chofer al ponerse al frente del volante.
Asimismo, se exhorta a hacer llegar al Congreso del Estado una postura por escrito sobre las iniciativas existentes que proponen la reforma del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Auto-transporte Federal para prohibir la circulación de vehículos de doble remolque a fin de evitar los frecuentes y mortales accidentes que provocan en carreteras federales.
Al respecto, el diputado Alejandro Lozano González señaló que la tragedia es de una magnitud inconmensurable, por lo que se deben tomar cartas en el asunto para evitar que una situación tan grave como esa pueda volver a ocurrir en el futuro.
“En memoria de las 11 personas que perdieron la vida no podemos permitir que este hecho quede impune, y por el contrario, debemos exigir a las autoridades se tomen las medidas de revisión, vigilancia y seguimiento que procedan, para garantizar que no se vuelva a presentar otra tragedia”, expuso.
Señaló que el delegado federal de la SC, Cesar Enrique García Coronado, habló de la posibilidad de indemnizar hasta por 20 mil salarios mínimos para cada víctima que deberán ser cubiertos por la empresa de Guadalajara, y cuyo operador se ha determinado en los peritajes preliminares es el responsable del accidente. “Desde nuestro punto de vista, no solo se trata de entregar las indemni-zaciones que establezca la Ley, sino además, que la dependencia encargada de supervisar las condiciones en que circulan las unidades y sus choferes por vías federales, le informe pública y amplía a la sociedad potosina, sobre si se cumplieron las condiciones a las que estaba obligada tanto la empresa como la propia dependencia, así como las medidas preventivas que se implementarían en el futuro.
Fuente: El Heraldo
