La administración del Presidente Enrique Peña Nieto ha ignorado “los altos costos” que representan los problemas de violencia e inseguridad para los sectores productivos del país, un tema que incluso puede afectar las inversiones derivadas de las reformas estructurales, que podrían ser redituables para la clase política en turno y para la estructura delictiva, pero no traducirse en beneficios palpables para la población, advierte un informe del Centro de Investigación para el Desarrollo, AC (CIDAC).
“A pesar de que se atraigan grandes flujos de inversión (a niveles históricos inclusive), éstos no necesariamente se materializarán en crecimiento ni en inversión productiva, ya que una parte de dichos flujos será destinada a la contratación de cuerpos de seguridad, la reposición de equipo y mercancía robada o al pago por los derechos de vía y de piso”, alerta el documento.
Por su parte, el doctor Fernando Chávez Gutiérrez, profesor e investigador del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Azcapotzalco, expuso que “hace algunos años se minimizaba el costo financiero y económico de la inseguridad pública derivada del narcotráfico y de la guerra del Gobierno federal contra el narco”. Sin embargo actualmente es un tema que no se puede ocultar y “el mejor indicador de ello es que desde hace un año está en primer lugar la inseguridad pública como causa que inhibe el crecimiento económico en México”.
Recordó que de acuerdo con datos de la Encuesta de Especialistas en Economía del Sector Privado del Banco de México (Banxico), se detalla que desde abril de 2014, el primer obstáculo para el crecimiento económico del país era la inseguridad.
“A mi me parece que esa encuesta, que es muy importante para los especialistas, es una señal de cómo lo que estamos viviendo en el país desde hace varios años, está incidiendo negativamente en el crecimiento, porque inhibe la inversión, inhibe la reinversión de utilidades, y va cancelando proyectos de inversión que en diferentes escalas, se van dando en todas las empresas”, añadió.
“Ya se dieron cuenta que no era un asunto que iba a terminar ni con el cambio de Presidencia, ni con una nueva estrategia de la nueva Presidencia , el problema persiste, por lo tanto sí hay factores muy objetivos que están afectando al funcionamiento de las empresas”, sostuvo.
En tanto, el estudio del CIDAC retoma la Encuesta nacional de Victimización de Empresas (ENVE), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cual revela que el costo anual del delito para las empresas es de 55 mil 738 pesos. Aunado a ello, las firmas en México destinan en promedio 30 mil 450 pesos a medidas de protección ante la delincuencia y el crimen.
“Estas pérdidas se traducen en una disminución de las utilidades del sector privado y representan gastos improductivos que, en el largo plazo, podrían significar una erogación incosteable para algunas empresas; especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales concentran hasta el 75 por ciento del empleo en el país”, detalla el documento.
El cual hace referencia además al reporte del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos el cual sitúa a México como la tercera nación más violenta del mundo, así como el anuncio de un nuevo recorte en la previsión de crecimiento económico para 2015 –a un rango de 2.2 por ciento a 3.2 por ciento, desde el 3.2 y 4.2 que tenía–. En este contexto, plantea el CIDAC, “vuelve a ser evidente la completa desconexión entre las narrativas de crecimiento económico y seguridad del Gobierno federal”.
El Centro detalla que el Gobierno mexicano ha minimizado “el carácter inhibidor [de la violencia y la inseguridad] en las metas del –todavía– mediocre desempeño económico”. Un ejemplo de ello es la forma en que “persiste la defensa estoica del argumento que la implementación de las reformas estructurales (notoriamente la Reforma Energética) detonará por sí sola el crecimiento económico del país”.
“La creencia de que el ciclo de reformas estructurales detonará de forma automática el crecimiento económico de México es cuestionable al observar cómo las condiciones de inseguridad generan costos hundidos que disminuyen la utilidad operativa de las empresas”, abunda.
En este contexto, el CIDAC alerta que si el Gobierno mexicano no implementa medidas dirigidas a atacar los problemas de seguridad que afectan la operación diaria de los sectores productivos del país, “las nuevas inversiones producto de las reformas estructurales serán redituables para la clase política en turno y para la estructura delictiva, pero no podrán traducirse completamente en beneficios palpables para la población”.
En este sentido, Chávez Gutiérrez expuso que tanto los analistas del Gobierno federal, como los propios partidos políticos, “están viendo que estando ya en el tercer año [del Gobierno de Enrique Peña Nieto], el impacto potencial que hubieran tenido las famosas reformas estructurales de Peña, ya no existe”.
“Están atoradas, una cosa es llevar un impulso reformista a la Constitución, cambiar las reglas del juego de la economía, en energía, en telecomunicaciones, y la otra es aterrizarlas, para que se conviertan en más inversión […] Las reformas si tienen algún potencial, éste o se ha caído, o ha desaparecido, en donde el factor inseguridad pública no es un elemento menor”, agregó.
Por su parte, el estudio del CIDAC precisa que ha variado el impactado de la violencia en la estructura de los costos de las empresas a nivel estatal, de igual forma que en los distintos sectores productivos del país. El caso del estado de Veracruz es “paradigmático para ilustrar la disyuntiva entre inseguridad y crecimiento económico”. Mientras que esa entidad es una de las que cuentan con el mayor potencial para el desarrollo del sector energético, a la par enfrenta condiciones de inseguridad y violencia que “desafían ese potencial.
Y es que en ese estado, las empresas enfrentan uno de los costos, a nivel nacional, más altos por el crimen. “El escenario estatal no es alentador; según cifras de la Procuraduría General de la República [PGR], es uno de los ocho estados en donde se concentra el 70 por ciento de los fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial. La incidencia delictiva aumentó en 20 por ciento de 2013 a 2014, al pasar de 23 mil 411 delitos a 28 mil 101 por cada 100 mil habitantes y, además, presenta niveles superiores a la media nacional en delitos como la extorsión y el robo en la calle o en el transporte público”, detalla CIDAC.
En tanto, Querétaro es la entidad donde el costo para las empresas derivado de la inseguridad es el más alto, seguido del Distrito Federal, Sonora, Estado de México y Baja California.
Sin embargo, destaca el estudio, Veracruz es uno de los estados más importantes para el sector energético, pues concentra el 80 por ciento de la industria petroquímica del país. En esa entidad se prevé que este sector genere más de 47 mil empleos y crea un valor agregado de aproximadamente 146 mil millones de pesos al año –casi el 11 por ciento del total del sector a nivel nacional.
“Así, sin un respaldo efectivo de las garantías mínimas de seguridad para las inversiones productivas, México no podrá mantener de forma creíble ante el escrutinio internacional las expectativas de desarrollo a las que aspira y, por el contrario, sentará las bases para perpetuar su estancamiento económico”, agrega.
Finalmente, el doctor Fernando Chávez recordó que incluso diversos medios de comunicación han dado cuenta de cómo los costos que las empresas han tenido que asumir a consecuencia de la inseguridad, se han disparado, que incluso vuelven poco atractivas ciertas inversiones.
“Estamos hablando de que la inseguridad tiene un costo para el funcionamiento de las empresas […] Un clima de inseguridad donde hay asaltos, plagios, secuestros, enfrentamientos callejeros entre el crimen organizado y la fuerza pública, obviamente afectan el funcionamiento de una empresa”, sostuvo.
Con información de: Sin Embargo
