Los peritajes que sustentan la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), en torno al caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, deben ser públicos para el análisis de la comunidad científica, demandó Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Esos peritajes forman parte de la averiguación previa sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, a los que sólo tienen acceso la coadyuvancia y los abogados de los padres de los estudiantes.
Sin embargo, aunque los familiares deben tener acceso a esos estudios científicos, hasta el momento el gobierno federal incumplió con entregárselos.
“La opinión pública al día de hoy, no ha tenido acceso a los peritajes científicos que respaldan la versión de lo que la PGR presentó como ‘verdad histórica’, pese a que se trata de un caso donde las respuestas de la ciencia son esenciales. Ya que lo propio de los dictámenes forenses es justamente que se discutan en el foro, sean objeto de crítica, discusión y debate”, dijo el subdirector de la organización que es coadyuvante en la investigación.
Aguirre Espinosa explicó que los dictámenes nadie los conoce, ni siquiera los padres de los normalistas y sus abogados.
“No se ha garantizado el acceso a la sociedad a ellos. Es un caso donde la prueba científica es determinante y tendría que ser del escrutinio de la comunidad científica. Desde la coadyuvancia no se pueden hacer públicos, porque se ha incumplido el compromiso de entregarles a los familiares de los normalistas copias íntegras de todo lo actuado en la averiguación previa”, dijo.
El activista recordó que uno de los compromisos que el Presidente Enrique Peña Nieto firmó con los padres de los jóvenes desaparecidos durante la reunión que sostuvieron en octubre de 2014 fue darles total acceso al expediente.
“Pero fue un compromiso incumplido, lo que es un claro indicador de cómo los compromisos suscritos con Peña Nieto frente a las familias de los desaparecidos, se fueron incumpliendo”, precisó.
Sin esos peritajes, en México investigadores realizaron esfuerzos por responder si la versión de la PGR era viable o no.
LOS RESTOS INCIERTOS
De acuerdo con la PGR, el único resto que se reconoció fue un pequeño hueso y un molar encontrado en el Río San Juan que supuestamente pertenece a Alexander Mora Venancio, de 21 años, el cual salió de una de las ocho bolsas negras donde los presuntos asesinos de los normalistas depositaron los restos calcinados y triturados de los jóvenes, después de cremarlos con leña y llantas en el basurero de Cocula.
El 11 de diciembre de 2014, un grupo de cinco científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que la hipótesis de la PGR es imposible científicamente, debido a que para realizar la cremación de 43 cadáveres se requiere de algo más que leña y llantas. Hacía falta, en definitiva, hornos crematorios.
“Es imposible que hayan sido quemados en el basurero de Cocula, y la autoridad está en un serio problema porque si no se quemaron en Cocula, ¿quién los quemó y en dónde se quemaron?”, dijo Jorge Antonio Montemayor Aldrete, investigador titular del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
De acuerdo con el estudio documental, realizado con base a la información que las autoridades revelaron, de acuerdo con las declaraciones de los tres testigos que participaron en el asesinato de los estudiantes y su posterior cremación, en fotografías publicadas en diversos medios y los testimonios de los padres de familia que acudieron al lugar y que aseguran que no había piedras quemadas o fracturadas en el basurero, esa versión es simplemente una “fantasía”, aseguraron.
Para cremar 43 cuerpos se requieren 33 toneladas de troncos de árboles de cuatro pulgadas de diámetro y 995 llantas que contienen 2.5 toneladas de acero. De acuerdo con los científicos para que el acero se derrita y los cuerpos se reduzcan a cenizas se debe alcanzar entre mil 425 y mil 540 grados centígrados.
“Hay estudios científicos de 2011 que dicen que si la temperatura es de 800 grados centígrados, no quedan trazas de material orgánico, entre ellos cadenas de ADN. Para que quede un hueso debe ser en una zona donde no hubo mucho calor”, explicó Montemayor Aldrete.
Según el estudio, las 33 toneladas de troncos deben estar secos. Esa cantidad cabe en dos tráileres para su traslado.
“No estamos hablando de ramitas, sino de troncos cortados y lisos, ¿quién vende troncos en esa región, ¿a quiénes les vendieron en esos días? Además para poder hacer esa cremación de la que hablan, los asesinos tendrían que ser ingenieros o pasantes de ingenieros para hacer muchos cálculos. Esa versión de la PGR es muy incriminatoria porque estarían involucras muchas personas. Para empezar la compra de la madera debía ser con tres, o cuatro días de anticipación, entonces estaríamos hablando de premeditación, alevosía y ventaja del Estado en contra de los estudiantes”, dijo el científico.
Pablo Ugalde Vélez, experto en materiales y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco y egresado de la UNAM, indicó que los cálculos científicos se pueden realizar sin la necesidad de acudir al basurero de Cocula.
“Si el acero se fundió a mil 500 grados no debe haber residuos y no está fundido porque en las fotos hay alambre, esas temperaturas no se alcanzaron. Además, con una cremación de ese tamaño debería haber piedras fracturadas y manchadas de negro, los padres aseguran que no hay tal cosa en el basurero”, detalló.
Los científicos indicaron que para cremar un cuerpo se requieren 53 kilogramos de gas: “si los cuerpos se hubieran quemado con puras llantas para reducirlos a los restos mostrados por la PGR se hubieran necesito 995 llantas de autos pasajeros. La hipótesis de que fueron quemados en el basurero de Cocula no tienen ningún sustento en hechos físicos o químicos naturales”, reveló el estudio.
La cremación de 43 cadáveres en esas condiciones, emitiría una columna visible de humo denso desde varios kilómetros a la redonda.
Los residuos de huesos y cenizas de leña pesarían 333 kilogramos, de los cuales 116 corresponderían a restos humanos. El material se empacaría en 12 bolsas de 25 kilos cada una.
Los científicos argumentaron que el análisis que ellos realizaron, lo puede hacer cualquier científico, ingeniero o técnico de áreas de química, física, ingeniería térmica o ingeniería militar.
Los científicos mexicanos realizaron un esfuerzo sin conocer las entrañas de los peritajes de la PGR. De ahí la importancia de que el gobierno mexicano ponga a disposición de la ciencia los hallazgos forenses que sustentan su “verdad histórica”, explicó el subdirector del Centro Prodh.
La desaparición de los 43 jóvenes y la versión de la PGR son sometidas al escrutinio internacional y está “mostrando que la versión oficial tiene debilidades que no han sido resueltas”, detalló.
Santiago Aguirre resaltó la importancia del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que el principal aporte de justicia y verdad recae en ellos.
Los padres de los muchachos, afirmó, tienen puestas todas sus esperanzas para conocer lo que sucedió con sus hijos en los expertos.
La semana pasada Melitón Ortega ,vocero de los padres de los 43 y Clemente Rodríguez, papá de uno de ellos, coincidieron en que esperan el informe final del grupo y de los peritos argentinos sobre los restos que se encontraron el río San Juan en Cocula.
“Las recomendaciones que están haciendo los expertos de la Comisión son muy importantes, pero el gobierno mexicano no quiere atenderlas. Hay una negativa de que se entrevisten con los militares que estuvieron esa noche en Iguala. Desde un principio se negaron a que los padres entráramos a los cuarteles”, dijo.
Ortega indicó que los cinco especialistas de la CIDH cuentan con el respaldo de los padres de los 43 normalistas desaparecidos y que esperan la información que revelarán en los próximos meses.
“Nosotros exigimos en la necesidad de que tengan acceso a todos los documentos, personas y a todo lo que pidan para poder realizar su trabajo”, dijo.
EXIGEN FACILIDADES AL GRUPO DE EXPERTOS
La negativa del Gobierno federal a facilitar una entrevista entre los expertos de la CIDH y los militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala, alertó a los activistas del Centro Prodh, sobre un posible cierre al trabajo del grupo.
“Nuestro temor fue por las declaraciones severas del Secretario de Gobernación [Miguel Ángel Osorio Chong] en respuesta a la solicitud del grupo de expertos de entrevistar a elementos del Ejército. Denotó un posible cierre de las condiciones en las que el grupo venía trabajando, frente a una solicitud elemental”, indicó.
El subdirector del Centro Prodh destacó que hasta el momento los enviados a México por la CIDH a investigar los hechos de Iguala, realizaron observaciones importantes, como la necesidad de reclasificar el caso de secuestro a desaparición forzada, al no ser corroborada la verdad oficial, el continuar la búsqueda.
Sobre todo, dijo, los expertos extornaron su preocupación por los alegatos de algunos de los presos por el caso, de que fueron torturados para reconocer su culpabilidad.
“El grupo llamó la atención sobre el hecho de que algunos de los aspectos de la ‘verdad histórica’ no están suficientemente acreditado. No hay manera de comprobar que los estudiasen habrían llegado a Iguala para interrumpir el acto de la esposa del Alcalde”, indicó.
A mediados de este mes Mario Patrón Sánchez, director del Centro Prodh, reveló en entrevista con SinEmbargo que los tres testigos que apuntalaron la “verdad histórica” confesaron que fueron torturados.
“El principal caso de violaciones a los derechos humanos del país, debería ser el más cuidado. Entonces empezar a tener alegaciones de tortura le pone un asterisco fuerte en la investigación, porque el núcleo central de la investigación de la PGR parte justo de tres confesiones autoinculpatorias: las de ‘El Pato’, ‘El Chereje’ y ‘El Jonas’; de ahí se desprende todo el caso de la PGR, y su ‘verdad histórica’ se sustenta en declaraciones que pudieron ser obtenidas bajo tortura”, expuso Patrón Sánchez.
En noviembre de 2014, Murillo Karam anunció que Patricio Reyes Landa, “El Pato”; Jonathan Osorio Gómez, “El Jona”, y Agustín García Reyes, “El Chereje”, fueron los autores materiales del crimen cometido en contra de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
“Los detenidos señalan que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos e hicieron guardias y relevos para asegurarse de que el fuego durara horas, arrojándole diesel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos que se encontraron en el paraje”, declaró ante los medios de comunicación el entonces Procurador.
Los especialistas de la CIDH recomendaron en su último informe a las autoridades mexicanas investigar casos de tortura, tentativa de homicidio, encubrimiento, obstrucción de la justicia, uso inadecuado de la fuerza y amenazas a los normalistas y sobrevivientes.
“En el caso de los detenidos, los del Penal de Nayarit, nos han dicho que fueron víctimas de tortura. Hubo un grupo numeroso de los 16 que entrevistamos que nos dijeron esto. Vamos a seguir con las visitas”, explicó Carlos Beristain.
Los expertos dijeron que las violaciones al debido proceso pueden impactar negativamente a la investigación.
Mario Patrón precisó los nombres que el grupo de especialistas no reveló. Se trata de los tres principales inculpados, quienes fueron mostrados en video a la prensa por Murillo Karam, el mismo día en que oficialmente dio carpetazo a la investigación sobre el caso Iguala.
De comprobarse que fueron torturados, dijo, la “verdad histórica” se vendría abajo por completo y sería culpa de la PGR.
“Si la tortura es comprobada, podemos tener un problema de ilicitud de prueba. Quien estaría poniendo en riesgo la justicia y la verdad en torno al caso sería la PGR. El grupo de expertos ha sido precavido y asegura que seguirá indagando en torno a estas declaraciones”, detalló el defensor de derechos humanos.
Patrón Sánchez añadió que el expediente de Ayotzinapa está plagado de confesiones que luego se anulan. Su primera línea de investigación se sustentó en dos confesiones y al final, se cayó.
“Está vinculada con las fosas de Cerro Viejo, donde dos personas que dicen ser de Guerreros Unidos afirman que ellos participaron en comprar la gasolina, en la ejecución de los estudiantes y que fueron a enterrarlos. Luego se corroboró que no eran los estudiantes.
Con información de: Sin Embargo
