Los candidatos a puestos de elección popular en esta entidad enfrentaron un sinnúmero de problemas para hacer campaña, sobre todo en aquellos distritos que se encuentran ubicados en la zona serrana y el noroeste, donde el crimen organizado impone su ley.
Es el caso de las comunidades indígenas que viven en Batopilas, Moris, Morelos, Maguarichi, Madera, Namiquipa, Nicolás Bravo, Uruachi, Urique, Guadalupe y Calvo y Bachíniva , cuyos habitantes viven bajo el acoso sistemático de grupos criminales sin que las autoridades tomen cartas en el asunto.
Dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tuvieron incluso incidentes con personas desconocidas que los retuvieron o impidieron que las brigadas hicieran proselitismo en cuatro de esas comunidades.
“La inseguridad en varios municipios es terrible. Hemos sabido que en Urique hubo cerca de 30 muertos en una semana, antes de que sucediera lo de Tubares (el último enfrentamiento que trascendió)”, dice el líder panista Mario Vázquez Robles.
Por separado, Víctor Quintana Silveyra, presidente de Morena en la entidad, subraya: “En la sierra hay que estar pendientes de la incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación”, ya que habitantes de Urique, señala, han advertido que ese grupo delictivo está ingresando a su municipio.
En el caso de la candidata de Morena por el distrito 9 (que comprende 27 municipios intrincados en la Sierra Tarahumara), Bertha Hernández Tamayo, ni siquiera hizo el intento por ingresar a comunidades donde no hay garantías de seguridad.
La candidata del PAN a ese mismo distrito, Carmen Cano Villegas, se apoyó en su suplente rarámuri Marcelina Bustillos para hacerse presente en algunos poblados, y el sábado anterior reunieron alrededor de 2 mil indígenas en Norogachi, en un evento al que asistió la diputada federal oaxaqueña Eufrosina Cruz.
“En el séptimo distrito (noroeste de Chihuahua) están difíciles los municipios de Bachíniva, Namiquipa, una parte de Cuauhtémoc. En Madera apenas entran las brigadas de las campañas sin candidatas y nos las presionan y nos las expulsan de esas zonas para que no hagan proselitismo”, destaca Vázquez Robles.
Los grupos delictivos “son tan descarados que sienten que ya son gobierno, piensan que pueden participar en la política como si fuera legal, han asumido mandos de presión. Desde 2012 para acá es más descarado, influyen en elecciones, en la política, influyen para obligar a votar a favor del PRI”, asevera el líder panista.
A su vez, Quintana Silveyra resalta que jóvenes brigadistas de Morena fueron detenidos el pasado 22 de mayo por la policía de Francisco de Conchos. “Marcelino y Omar se asustaron porque (los policías) le hablaron a una (camioneta) Silverado con civiles, pero finalmente los dejaron ir (…)”.
Hay casos, dice, en los que la policía detiene sobre todo a jóvenes que corren el riesgo de que los extorsionen o desaparezcan. Y destacó que en Madera no tendrán representantes de casilla porque la gente que tenían tuvo que salir. “Hay amenazas, presencia el crimen organizado”, subraya.
En un recorrido realizado por el municipio de Guadalupe y Calvo, donde poblados enteros han sido sometidos por el crimen organizado, habitantes de El Ocote, Turuachi y Chinatú, entre otras comunidades, aseguran que durante las campañas electorales acudió gente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y les pidió que firmaran una hoja para poderles entregar pantallas de televisión, y una semana después llegó gente del programa asistencial Chihuahua Vive y les entregó despensas y cobijas.
La gente del gobierno pudo ingresar a esas poblaciones, pero a candidatos opositores no se les permitió la entrada porque, según dirigentes del PAN y Morena, “son regiones que favorecen al PRI desde la estructura gubernamental”.
De acuerdo con el panista Mario Vázquez, donde hay más marginación económica e inseguridad por la presencia del crimen organizado es donde el PRI tiene el control de los votos, por lo que la desigualdad social y la pobreza extrema operan a favor de esa fuerza política.
Al respecto, el consejero de Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado, César Augusto Gutiérrez, reconoce que en la cordillera de los municipios Meoqui, Saucillo y Lázaro Cárdenas (zona centro sur) hay hombres armados que detienen a la gente que no conocen. “Hacen como una especie de plantones (retenes) para inhibir que entre la gente”, apunta.
En la zona de Namiquipa y Bachíniva, agrega, también hay civiles que vigilan los poblados, así como regiones del distrito serrano 09.
En mayo pasado, cuando un grupo delictivo ingresó a Tubares, en el municipio de Urique, cientos de personas abandonaron sus hogares.
Un grupo de militares arribó a la comunidad, pero los delincuentes se refugiaron en rancherías indígenas y sacaron por la fuerza a familias completas.
“(Los delincuentes) Llevan sus carpas, así, normales, visten como militares, pero son diferentes, otros visten como judiciales, tienen sus buenas armas. Uno traía como seis discos así (señala con sus manos el tamaño del arma), porque dicen que son de los que disparan muchas veces seguidas. Hay granadas, parecen (…) Nosotros quisiéramos pedir a los de la (Secretaría de) Marina, pero no sabemos cómo o a quién, no confiamos en nadie”, afirma uno de los vecinos desplazados, quien manifiesta preocupación por sus hijos y su esposa.
El presidente de la Comisión Estatal de derechos Humanos (CEDH), José Luis Armendáriz, dio a conocer que al menos 15 familias pidieron apoyo a ese organismo para salir de Urique, a quienes finamente lograron sacar del municipio. Ocho de esas familias fueron trasladadas a esta capital y siete más al estado de Sinaloa, dijo.
Otra familia contrató el servicio de una avioneta, pero sólo pudieron salir dos de sus integrantes, cada uno de los cuales tuvo que pagar 15 mil pesos, dinero que reunieron con la venta de su ganado.
“Llegando conseguí trabajo para poder traerme a mi familia”, sostiene uno de los desplazados, quien se estableció en una ciudad cercana a esta ciudad.
El pasado 11 de mayo, fecha del último enfrentamiento en Tubares, un avión tipo Cessna 206, matrícula XA-UUF, con seis personas a bordo, fue derribado a balazos por supuestos delincuentes cuando despegaba de la pista de ese municipio.
La aeronave derribada, propiedad de la empresa Aeroservicios Luce, partió de la pista de Caimanero, Guasave, y el piloto, quien también falleció, fue identificado como Eleazar Álvarez García, ‘El Pichi’, originario de este municipio.
“La avioneta iba despegando cuando sicarios le dispararon y la tumbaron; no sabemos si los balazos dañaron el avión o si le dieron al piloto”, dijo ese día uno de los informantes.
Según pobladores de Tubares, las otras cinco personas que perdieron la vida en el ataque a la avioneta eran originarias de Sinaloa, pero residían en Urique, y tenían nexos con grupos del narcotráfico.
Se trata de Daniel Beltrán Castillo, de 21 años de edad, quien supuestamente se dedicaba a la siembra de mariguana, y Leopoldo Trejo Beltrán, de 27 años, detenido con droga en 2009 en Choix, así como Rogelio Beltrán Castillo, José Pedro Beltrán Rábago y Javier Villanueva.
Sus familias, que han perdido a otros integrantes, también huyeron de Urique y se refugiaron en otra ciudad del centro del estado.
Y así, en medio de ese sangriento panorama, los chihuahuenses votarán el domingo 7 para elegir a los diputados federales que conformarán la nueva legislatura en el Congreso de la Unión.
