Los casos de explotación sexual por parte de los cascos azules de la Naciones Unidas continúan siendo algo sistémico. El último informe de supervisión interno del organismo se concentra este año en la conducta del personal en Haití y Liberia, dos de los países más pobres del planeta y los más afectados por estos abusos. El estudio revela que el sexo utilizado como moneda de cambio es “bastante común”, aunque las víctimas tienden a no denunciar y eso complica que se las pueda asistir convenientemente.
La ONU tiene desplegados en torno a 125.000 cascos azules por todo el mundo, en misiones de mantenimiento de la paz en zonas de conflicto o realizando labores de asistencia en países azotados por los desastres naturales. La práctica de pagar por sexo está prohibida para los cascos azules. Se desaconseja incluso la relación del personal con los beneficiarios de la ayuda.
El borrador del informe, que se hará público próximamente, aunque ha sido filtrado a través de varios medios, revela que durante el año pasado se denunciaron 51 casos de abusos y explotación sexual en todas las misiones de las Naciones Unidas, según la agencia AP. Son 15 menos que los recogidos en el último informe anual. Pero este descenso se considera insuficiente por los investigadores, pese a que en paralelo se haya incrementado el número de efectivos desplegados.
Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general Ban-Ki moon, ha explicado este jueves que el documento final no está aún redactado y avanzó que podría publicarse el próximo lunes 16 de junio. Sí insistió en que desde el organismo “no se va a tolerar” ningún tipo de abuso y dijo que espera que los cascos azulesenvueltos en este tipo de intercambio “sean investigados por los países que tienen la autoridad sobre ellos”. El informe, concluyó, será otro instrumento para ayudar a combatir estos abusos sexuales.
En el caso concreto de Haití, los cascos azules pagaron por sexo a 225 mujeres en Haití que se veían en la necesidad de obtener alimentos o medicamentos, según han publicado varios medios. Lo que no se precisa es el periodo en el que ocurrió ni cuántos miembros de la misión, tanto civiles como militares, estarían implicados en estos actos. Las primeras tropas se desplegaron en 2004. Hace un año se publicó un estudio similar en el que se elevaba a 231 la cifra de afectadas por estas “transacciones sexuales”.
Es un problema que afecta especialmente a las mujeres en medios rurales, que buscan en medio de la miseria tener acceso a productos y servicios básicos para poder sostener a sus familias. También las que viven en zonas urbanas o en los suburbios, que en su caso, a cambio de la relación sexual, reciben “zapatos, teléfonos móviles, ordenadores portátiles, joyas y dinero”.
El documento eleva a 480 las alegaciones por explotación sexual y abusos en un periodo que comprende los años 2008 y 2013. De ese total, un tercio de los casos eran menores, lo que da aún una mayor dimensión al problema. Junto a Haití y Liberia, las otras dos misiones más afectadas son las que operan en Sudán del Sur y la República Democrática del Congo. El informe denuncia, además, que la asistencia a las víctimas es “severamente deficiente” y se pide que se aclaren la reglas.
La revelación del informe no es nueva. La ONU viene arrastrando con este problema desde que saltó a la luz hace ahora una década. El secretario general Ban Ki-moon anunció, además, hace una semana el inicio de otra investigación por los últimos casos que han aflorado en la misión desplegada en la República Centroafricana, en la que están envueltos cascos azules franceses. El objetivo de este último informe trata de arrojar luz sobre la manera en la que la ONU lidia con un problema que califica como persistente y extendido. A la conducta abusiva del personal que luce los colores del organismo se le suma el problema de que la población local, la que se beneficia de esta asistencia, desconoce que este tipo de relaciones con los cascos azules no está consentida.
Solo siete de las entrevistadas para el estudio sabía de esta prohibición y ninguna estaba informada de que existía la posibilidad de poder denunciar estos abusos. Naciones Unidas recuerda, además, que son los Estados miembros los encargados de investigar la conducta de sus tropas, que suelen durar más de un año en la mayor parte de los casos. Pero el organismo está obligado a actuar en el caso de que el problema no se resuelva.
Fuente: El País
