Por segunda vez los jueces encargados del amparo de los padres de familia contra la construcción de la comandancia centro, hoy renombrada por el ayuntamiento unidad de prevención y rescate, pospusieron la decisión sobre si el amparo procede o se permite continuar las obras. El argumento, según padres de familia, se debe a que una de las terceras partes no ha entregado un estudio que serviría a los jueces para decidir sobre la legalidad de la construcción de un centro policiaco enfrente de una escuela primaria.
Hasta ahora, no se dijo de manera cierta qué estudio faltaba, pero al parecer ya no requieren ni pruebas del gobierno ni de los padres, señaló uno de los representantes de los vecinos que hoy recibieron la notificación de que se pospuso la decisión.
Consideraron que esto hace suponer que el caso ya está en sus últimas fases y que dicho estudio faltante tendría que ver o con estudios de impacto urbano o con factibilidad técnica, aunque convendría más no especular: “los padres de familia y vecinos ya han dado todo lo que se requiere para demostrar que dicho edificio supondría un enorme riesgo para sus hijos, estudiantes en la escuela Morelos”, recalcó.
“Dicen que un edificio como este aumenta la seguridad en la zona, pero sólo basta ver los alrededores del edificio de Seguridad, en el Eje Vial; en las calles aledañas los asaltos son diarios, hay piratería por todos lados, prostitución a toda hora del día; mucha seguridad, pero tuvieron por años a una banda de tratantes de blancas frente a sus narices, que apenas detuvieron hace unos días. Es una mentira que aumente la seguridad”, criticaron.
Además, advirtieron que, pese a que la suspensión sigue vigente, y como se ha comprobado con fotografías e incluso de vista por parte de reporteros de este medio, aún hay personas que están trabajando en la construcción y cubrieron con hule y lonas las cercas y las entradas para evitar que “miradas indiscretas” se percaten de su labor.
Agregó que “el problema es que no hemos conseguido ningún notario que se atreva a venir a dar fe de hechos porque saben que la violación de una orden federal, como es la suspensión provisional, es un delito gravísimo ante la ley y su desacato podría causar, en caso extremo, incluso consignación, y el único responsable sería el titular del gobierno local, en este caso, Mario García Valdez”.
Fuente: Jornada
