La manutención de los reos que se encuentran en las 21 cárceles federales de México costó en 2014 un total de 1,703 millones 209,173.49 pesos.
Este gasto equivale a más de 4 millones 600,000 pesos diarios por mantener a los alrededor de 22,731 internos que había en estos centros para finales del año pasado, según cifras que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) entregó a CNNMéxico en respuesta a una solicitud de información vía transparencia.
Tal monto de 1,703 millones 209,173.49 pesos es mayor al presupuesto que para 2015 se asignó a órganos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que tiene presupuestados 478 millones de pesos; el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que cuenta con 1,020 millones de pesos, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con 1,465 millones de pesos.
Del dinero gastado en mantener a los reos de cárceles federales durante el 2014, el rubro más alto corresponde al de la alimentación de los internos, con 1,476 millones de pesos, de acuerdo con las cifras del OADPRS, un órgano que forma parte de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).
A ese renglón le siguen los gastos en uniformes y vestuarios por 190 millones de pesos; medicinas y productos farmacéuticos por 29 millones de pesos, y agua potable por 6 millones de pesos.
México cuenta con 21 cárceles federales, en las que están recluidos presuntos delincuentes como Joaquín el Chapo Guzmán, Servando Gómez, la Tuta, el exalcalde de Iguala José Luis Abarca, y otras personas acusadas o sentenciadas por delitos del fuero federal, como el narcotráfico y el lavado de dinero.
Aunque en diciembre de 2014 había 22,731 personas presas en centros a cargo de la Federación, un reporte público de la CNS detalla que para esa misma fecha había otros 26,140 reos del fuero federal en prisiones estatales, principalmente por razones de espacio, y los costos que implica mantener a estos prisioneros no los cubre el gobierno federal, sino las autoridades locales.
Desde la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), las autoridades mexicanas reconocen que hay sobrepoblación en las cárceles del país, lo que deriva en problemas como hacinamiento y riñas entre los internos.
La CNDH también ha advertido que, en tales condiciones, se favorecen fenómenos como que los reos ligados a la delincuencia organizada asuman el control de actividades dentro de los penales.
Para atender esos y otros problemas, la reforma constitucional en materia de justicia penal promulgada en 2008 estableció cambios para que, entre otras cosas, las personas acusadas de delitos menores no necesariamente terminen en prisión, sino que puedan pagar sus faltas mediante acuerdos de reparación del daño con la parte ofendida.
La reforma, que tiene como eje los juicios orales y públicos, debe estar en vigor en todo México para junio de 2016.
Con información de: CNN
