Las elecciones legislativas venezolanas se celebrarán el próximo 6 de diciembre, anunció hoy la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tibisay Lucena. “La fecha de la elección es el próximo 6 de diciembre”, informó Lucena en un comunicado a la prensa, en el que también se fijó la fecha de la campaña electoral entre el 13 de noviembre y el 3 de diciembre.
Con el anuncio, Lucena pone fin a las críticas de la oposición venezolana que reclamaban el retraso en la publicación del cronograma electoral, lo cual consideraban parte de una artimaña política oficialista. Lucena agregó que el corte para el registro de votantes es el 8 de julio y que la presentación de postulaciones de candidatos será del 3 al 7 de agosto.
“El CNE no trabaja bajo presión”, sentenció Lucena, quien denunció que voces de oposición desarrollaron una campaña de “descrédito” hacia la institución que preside. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) lleva varias semanas exigiendo que se anuncie la fecha de las elecciones, para las cuales según varios sondeos parte como favorita.
Desde el 24 de mayo, el líder del ala radical de la oposición Leopoldo López, mantiene una huelga de hambre como mecanismo de presión para, entre otros puntos, que se fijara la fecha de las elecciones.
A la huelga de López, que tiene 16 meses en una cárcel militar acusado de incitar a la violencia en protestas antigubernamentales entre febrero y mayo de 2013, se le sumaron recientemente varios activistas, aunque algunos de ellos apuntan que la fecha de las elecciones no es lo fundamental en su lista de reclamos.
ONU reclama independencia
De otra parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU urgió hoy a Venezuela a garantizar la independencia del Poder Judicial y, específicamente, a acabar con la inestabilidad laboral de los profesionales de la Justicia. Venezuela se sometió los pasados 2 y 3 de junio al escrutinio del Comité, que hoy publicó sus recomendaciones al respecto.
Durante las sesiones públicas de la evaluación, los miembros del Comité ya subrayaron en repetidas ocasiones la anomalía de que gran parte de los jueces no cuenten con una plaza fija. “El Comité está preocupado por la información sobre la falta de aplicación del procedimiento legalmente establecido para la designación y destitución de jueces”, rezan las conclusiones.
“Así como por el gran número de jueces que se encuentran asignados a cargos de forma provisional, quienes no gozan de estabilidad en sus funciones, lo cual puede afectar significativamente su independencia”, agregan.
Ante esta situación, los expertos “recomiendan” a Caracas que “adopte las medidas necesarias para garantizar que el proceso de selección y nombramiento de jueces y magistrados sea realizado de forma transparente a fin que sean nombrados sobre la base de la integridad e idoneidad”.
“Asimismo, el Comité recomienda al Estado que adopte las medidas necesarias para garantizar la independencia del Poder Judicial”. Por otra parte, los expertos criticaron que la Oficina del Defensor del Pueblo no haya desempeñado sus funciones correctamente, por lo que instan al Estado a que haga lo necesario para revertir esta situación.
Otro de los temas que fue bastante comentado durante la revisión fue el de los altos índices de embarazos adolescentes y mortalidad materna, y se criticó el hecho de que la interrupción voluntaria del embarazo sólo pueda aplicarse cuando está en riesgo la vida de la gestante, pero no en casos de violación o de malformación del feto.
Ante esta situación, las conclusiones piden a Caracas que “revise su legislación respecto a la prohibición del aborto para hacerla compatible con otros derechos fundamentales, como el de la salud y la vida de la mujer, así como con su dignidad”. Además, instan a las autoridades a asegurar la accesibilidad a precios asequibles de los servicios de salud sexual y reproductiva especialmente en las zonas rurales.
Asimismo, el Comité critica la falta de cooperación entre las autoridades del Estado y las organizaciones de la sociedad civil encargadas de la defensa de los derechos humanos, “lo cual ha llegado en algunos casos hasta actos de grave descalificación”.
“El Comité insta al Estado a que cesen las declaraciones difamatorias contra algunas de las personas que participan públicamente en los espacios que este Comité, de acuerdo a sus métodos de trabajo, otorga a las organizaciones de la sociedad civil”. El Comité también expresa su preocupación por “la injerencia de algunas autoridades del Estado en las elecciones de representantes de los sindicatos”.
Asimismo, el referencia a los derechos de los pueblos indígenas, los expertos piden a Venezuela que tome las medidas necesarias para garantizar “la obtención del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en todo lo que respecta la toma de decisiones susceptibles de afectar el ejercicio de sus derechos”.
“Particularmente en los procesos de concesión de exploración y explotación de recursos mineros e hidrocarburos”, especifica. Finalmente, el Comité insta al Estado a que considere su reintegración al sistema de protección de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Fuente: Milenio.
