El operativo de seguridad desplegado por el Gobierno federal en 12 municipios de Guerrero el 19 de octubre de 2014 sólo sirvió para detener las protestas sociales que despertó la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, denunciaron representantes de distintos sectores.
Por separado, aseguraron que el operativo que sirvió para reforzar el llamado “Guerrero Seguro”, lanzado en 2011, en lugar de disminuir los índices de violencia los ha incrementado, como lo muestra el “Informe de Víctimas de Secuestro y Extorsión 2015″, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Peor aún, dijeron, la mayoría de los muertos, desaparecidos y perseguidos siguen siendo los que protestan por las condiciones de inequidad que se han recrudecido en el estado, y quienes denuncian la relación del crimen organizado con la clase política.
En el informe que incluye datos de enero a mayo se muestra como aumentó en la entidad el número de homicidios, de acuerdo con las averiguaciones previas abiertas en las procuradurías locales: en enero se reportaron 190 mientras que en mayo se registraron 248.
Mientras que el total de averiguaciones previas es de mil 079, lo que ubica a la entidad en el tercer lugar a nivel nacional, después del Estado de México con mil 545 y Guanajuato con mil 132 averiguaciones previas.
Después de las elecciones del pasado 7 de junio, en la entidad se ha desatado una ola violenta. Desde el fin de semana se registraron al menos siete ejecuciones y el descubrimiento de siete fosas clandestinas con 10 cuerpos.
Ayer, el ex secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Romualdo Hernández Alvinez, informó que tres médicos y un abogado de la Secretaría de Salud que desaparecieron el viernes fueron hallados muertos en el poblado de Santa Bárbara, en la sierra de Chilpancingo.
“Las autoridades lo que consideraron como riesgo fue que se boicoteara la elección, el operativo estaba concentrado en detener la protesta social, no al crimen organizado, a la delincuencia. Todo fue con la intención de contener al movimiento magisterial y para reprimir las protestas del Movimiento Popular Guerrerense y por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa”, consideró Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Guerrero.
“¿Cómo explicar la militarización y la presencia excesiva de policías cuando los índices delictivos siguen al alza en Chilpancingo, en Iguala, en Chilapa; en Acapulco se están registrando cinco asesinatos por día. La Gendarmería [Nacional] se pasea por las calles donde se dan las desapariciones y los asesinatos, las autoridades policiacas están conscientes de que siguen imperando los poderes fácticos en Tierra Caliente”, agregó.
Tanto Barrera Hernández como Felipe de la Cruz Sandoval coincidieron en la falta de estadísticas confiables sobre la situación real de la violencia en Guerrero.
MESES DE PESADILLA
Barrera Hernández consideró que el cambio de gobierno tampoco ayudará a mejorar la situación. El año pasado tuvo que pedir licencia el Gobernador constitucional, Ángel Aguirre Rivero, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), luego del escándalo por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa a mano de policías de Iguala; en las pasada elecciones, el priista Héctor Astudillo Flores obtuvo la mayor cantidad de votos, lo que significa que habrá alternancia, sin embargo, no se espera ningún cambio.
“Ya todo mundo sabe que el Gobernador en turno se va –Rogelio Ortega Martínez–, pero nunca tuvo el control de las instituciones y eso hace que los guerrerenses estemos a la deriva, así que de aquí a que termine el año la situación será de mayor ingobernabilidad”, consideró el representante de Tlachinollan.
En este mismo sentido, el vocero de los desaparecidos de Ayotzinapa, externó que los meses siguientes serán violentos ante el reordenamiento de los 20 grupos delictivos que se disputan el territorio –según datos difundidos por la Secretaría de Marina (Semar).
“Es lamentable y preocupante lo que vivimos porque hay muchas personas que mueren o desaparecen y que no tienen nada que ver con esta relación entre grupos de delincuentes y las autoridades. Todo es corrupción y violencia no le apuestan –las autoridades– a eliminarlo. Personas siguen falleciendo y sólo vienen a detener a asesinar a gente inocente”, expresó.
Los entrevistados destacaron que en la entidad no existen cifras confiables sobre el número de muertos y de desaparecidos, por lo que hasta ahora es imposible medir el tamaño de la tragedia que vive la entidad.
EL DAÑO A LAS EMPRESAS
Las grandes compañías no han quedado exentas de la violencia que impera en la entidad. El miércoles por la mañana se reportó que el jefe administrativo regional de la empresa refresquera PepsiCo, Hugo de la Cruz, había sido levantado por hombres fuertemente armados y con los rostros cubiertos que instalaron un retén a unos 2 kilómetros de la cabecera municipal de Teloloapan, Guerrero.
El jefe regional se dirigía a Ciudad Altamirano en un automóvil de la empresa con su chofer, pero unos 2 kilómetros después de salir de Teloloapan fueron detenidos en un retén de civiles en la carretera federal, quienes lo bajaron del vehículo y se lo llevaron.
En el hecho, el chofer resultó ileso y fue quien aproximadamente a las 10:45 de la mañana reportó a las autoridades la desaparición de su jefe originario de Veracruz y de alrededor de 35 años de edad.
El martes, Fomento Económico Mexicana (Femsa), fabricante de Coca-Cola cerró su tercer centro de operación en Guerrero ante la nueva oleada de violencia.
El 22 de junio la empresa confirmó que en mayo suspendió definitivamente un centro de distribución en el municipio de Arcelia, debido al clima de inseguridad en la región. Sin embargo, desde julio del año pasado, la planta había cerrado sus actividades debido a amenazas y extorsiones por parte del crimen organizado.
Otra gran trasnacional que ha debido tomar medidas ante el clima de inseguridad y crispación social es Walmart. Su vocero, Antonio Ocaranza Fernández explicó aSinEmbargo que aunque la cadena no ha evaluado la posibilidad de salirse de algunos municipios, sí ha tenido que implementar cierres parciales para evitar daños.
“En Tixtla, por ejemplo, dejamos de abrir durante tres o cuatro días por presencia de manifestantes durante los peores momentos de Ayotzinapa. Lo que llegamos a hacer es suspender el servicio por una circunstancia de inseguridad y reabrir horas después”, explicó.
Aclaró que estas suspensiones han sido calificadas como un “cierra Walmart”, pero por el momento la cadena no tiene planes de abandonar la entidad o alguno de sus municipios.
“Nuestra presencia en el estado ha crecido de manera constante y ya hoy tenemos 43 tiendas y clubes en 14 municipios y damos empleo a 4 mil personas. Veinte tiendas las abrimos entre 2011 y 2014. Nos vemos afectados por las mismas circunstancias que viven otros negocios”, finalizó.
Con información de: Sin Embargo
