“El Gobierno mantiene una política que criminaliza a los migrantes”, afirmó ayer el investigador Álvaro Martínez Quezada en el Colegio de San Luis (COLSAN).
Documentó también en su charla, que sólo entre el 10 y 15 por ciento de las violaciones de derechos humanos de migrantes, se denuncian.
Señaló que la migración también es producto de una sociedad en crisis, cuyo modelo básico — la familia- se encuentra en “quiebra”, añadió Martínez Quezada, quien participó en el Seminario Dimensions of Power in Latin América, organizado por COLSAN.
“A pesar de algunas iniciativas como un nuevo marco legal, el llamado “Plan Sur” y programas especiales de migración, el gobierno mexicano mantiene una política que criminaliza a los migrantes y sigue violando sus derechos humanos”, refirió.
Sobre las violaciones a los derechos humanos de estas personas, dijo que siguen siendo en su mayoría extorsiones y maltratos por parte del personal del Instituto Nacional de Migración.
Lo anterior de acuerdo a información de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos de Migración.
El investigador expuso el tema Migrantes, Derechos Humanos y Organizaciones No Gubernamentales, trasnacionalismo, el caso de Guatemala-Chiapas.
Comentó que si bien los factores económicos influyen en el incremento de la migración, es la inseguridad una de las principales causas que la origina, lo cual provoca graves consecuencias sociales, como desintegración de las familias.
Sobre los cambios en el fenómeno migratorio, señaló que ahora son más vulnerables las mujeres y los niños que se desplazan solos.
Al respecto, añadió que no hay espacios adecuados para atender a estos grupos vulnerables, pues los centros de detención no cuentan con la infraestructura necesaria para garantizar su integridad.
