Pues no es por presionar a los maestros que decidieron no participar en la evaluación que se realizó el pasado fin de semana, pero ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el que todo aquel docente que no cumpla con dicho proceso o bien que no cuente con los programas de regularización será cesado de su cargo.
Lo anterior de acuerdo con la norma de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que señala que los profesores que incumplan con los procesos actúan “ilícitamente” y por lo tanto ameritan el cese de la relación laboral. Sin embargo, en caso de que no pasen ni de panzaso la tercera evaluación, se les reconoció el derecho que tienen para interponer recursos de inconformidad… pero posteriormente a que se resuelva el término de su nombramiento.
Por otra parte, también se estableció que al respecto sí existe una distinción entre profesor definitivo y provisional: el primero no será cesado en caso de no aprobar su respectiva evaluación; no obstante se le destinará a otras labores magisteriales… en el caso de los segundos, no poseen derechos definitivos adquiridos.
Todo lo anterior, justificaron los ministros, responde a la necesidad de proteger el derecho que tienen los niños y niñas de México a una educación de calidad.
En general, en la sesión de la Corte fueron abordadas diversas controversias en torno a qué sucederá en caso de que los profesores nomás no aprueben sus evaluaciones. Otra de ellas fue el cómo sería clasificada la baja de los maestros: si como sanción administrativa o como concerniente al tema laboral… a final de cuentas, después de mucha discusión, los ministros coincidieron que –en caso de no obtener resultados favorables- los docentes podrían impugnar por la vía administrativa y judicial.
Será el próximo lunes cuando se continúe debatiendo el tema.
Con información de: Sopitas
