La Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) documentó que de 2009 a la fecha existe un faltante de 10 mil millones de pesos en la administración estatal que encabeza Guillermo Padrés.
El diputado priista y presidente de esta Comisión, Marcos León Perea, señaló que se tiene un acumulado de mil 500 observaciones sin solventar correspondientes al presente sexenio que concluirá en septiembre próximo.
Destacan entre los principales faltantes, los 2 mil 200 millones de pesos del fondo de pensiones y jubilaciones del Isssteson; los 600 millones que el Legislativo concedió al Ejecutivo a través de un crédito para modernizar el transporte urbano y que hasta el momento no se ha ejercido, ni se ha justificado fiscalmente.
También se incluyen los 60 millones de pesos ejercidos por la secretaría de Agricultura estatal sin que se haya presentado la documentación que avale esta transacción. O, los 12 millones de pesos destinados al municipio de Bacum, aún en espera de ser documentados.
“Este gobierno tiene toda la intención de solventar las observaciones emitidas por el ISAF, pero no tienen las bases financieras para resarcir el daño económico”, acusó el legislador sonorense.
En tanto, el ISAF, órgano fiscalizador descentralizado del Congreso local, entregará a más tardar el próximo 31 de agosto el último reporte de la cuenta pública 2014, bajo la responsabilidad de Guillermo Padrés.
El diputado León Perea, estima que este último reporte financiero tendrá al menos 2 mil 500 observaciones según reportes preliminares del ISAF, dirigido por el auditor Eugenio Pablos Antillón.
“Estamos buscando que los culpables del faltante se responsabilicen de sus errores; no vamos a fabricar culpables, pero sí vamos a exigir que se devuelva cada peso sin justificar a los sonorenses”, subrayó
La cuenta pública de 2013, según datos oficiales, contó con un total de 2 mil 636 observaciones luego de fiscalizar a 13 dependencias, la Junta de Conciliación y Arbitraje; los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; 5 organismos autónomos; 2 instituciones de educación superior autónomas y a 83 entidades de la administración pública paraestatal.
Ante esto, la Contraloría General del Estado respondió que el Ejecutivo sólo fue notificado por 672 observaciones, solventó 340 y se encuentran pendientes de documentar 332 señalamientos.
Con información de: Proceso
