El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto debe realizar una investigación exhaustiva e imparcial sobre la muerte de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, que lleve a todos los responsables ante la justicia incluyendo, en su caso, a mandos militares, señaló Amnistía Internacional.
“Ante la muerte de estas personas, es fundamental que todos los elementos militares que tengan responsabilidad, incluso por cadena de mando, sean llevados ante la justicia y que se investigue cualquier responsabilidad en que hayan incurrido otros funcionarios públicos durante la deficiente investigación de estos hechos”, afirmó el director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz.
En un comunicado, la organización indicó al gobierno mexicano que mantener el orden público no debe ser pretexto para violar los derechos humanos.
“El uso de la fuerza debe ser limitado a criterios de proporcionalidad, y sólo en casos de absoluta necesidad como señalan las normas internacionales de derechos humanos; obligación que en el marco de su fallida estrategia militarizada en contra de la delincuencia organizada el Estado recurrentemente ha ignorado”, explicó.
Perseo Quiroz dijo que “es fundamental que las víctimas del caso Tlatlaya y sus familiares, así como la sociedad en su conjunto, conozcan la verdad de los hechos a través de una investigación seria e imparcial, y que se otorgue una reparación integral que incluya medidas concretas para que este tipo de hechos no se repitan”.
Amnistía Internacional reiteró su llamado al gobierno mexicano a evitar que las Fuerzas Armadas desempeñen funciones policiales, como detenciones, investigaciones e interrogatorios, debido a que sus miembros carecen de la capacitación adecuada y no rinden cuentas por sus actos.
Indicó que se debe garantizar que las Fuerzas Armadas desplegadas actúen bajo el estricto control de las autoridades civiles y que toda alegación de violaciones a los derechos humanos sea investigada de manera efectiva.
Hoy se cumple un año de que 22 personas murieron en una bodega en la localidad de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya. El Ejército informó que las muertes ocurrieron tras un enfrentamiento con integrantes de la delincuencia organizada; sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Cámara de Diputados concluyeron que la mayoría fue ejecutada extrajudicialmente cuando no representaban una amenaza para los militares.
Con información de: Milenio
