“Rasuran” denuncia de fraude en los SS

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Segunda demanda expurga las acusaciones originales contra funcionarios y ex funcionarios.

Una segunda versión de la denuncia presentada por la Secretaría de Salud ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por el presunto fraude por 155 millones de pesos en la construcción de infraestructura hospitalaria aparece “rasurada” de los nombres de los acusados, constructores, funcionarios y ex funcionarios como el ex titular de la dependencia, Francisco Javier Posadas Robledo.

La denuncia que acaba de aparecer está presentada “en contra de quien resulte responsable” sin precisar a ninguna persona en particular.

Este diario tiene copia de los dos documentos, que varían en su extensión, pues la versión consignada por Pulso en su edición del 22 de junio pasado tiene 34 páginas y la segunda está reducida a 20.

También se diferencian en que mientras el primer documento presume desde su primera página quiénes son los presuntos responsables de delitos cometidos contra el erario: 18 directivos de tres constructoras “así como de los servidores y ex servidores Públicos del Organismo Público Descentralizado… denominado Servicios de Salud”, entre los que se encuentra el ex titular Posadas Robledo. Además de él, al menos otros cuatro funcionarios y ex funcionarios de la SS se mencionan como responsables.

Sin embargo, la segunda versión está expurgada de las presuntas conductas ilegales del personal de los SS, como la integración de un organismo apócrifo para dictaminar el resultado de la licitación impugnada, proporcionar indebidamente datos privilegiados a las empresas ganadoras y conformar una asociación delictuosa con los directivos de las constructoras beneficiadas.

La diferencia es más clara en la primera solicitud de acción que hace la SS a la PGJE.

En el segundo documento, el titular de los SS pide que se le tenga presentada la querella “en los términos propuestos”, sin mencionar a ningún presunto responsable ni precisar los delitos denunciados.

En la primera denuncia, la querella estaba expresamente dirigida en contra de los directivos de las tres constructoras involucradas en el ilícito “así como de los servidores y ex servidores públicos” de los SS por los delitos de fraude, ejercicio indebido de las funciones públicas, asociación delictuosa y los que resulten.

 

Fuente: Pulso

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