Desde que era gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto ha forzado la ley para concretar el proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan, otorgado a su constructor favorito, Juan Armando Hinojosa. Apenas llegó a la presidencia, canalizó dinero a ese negocio y expropió tierras indígenas –que incluyen zonas protegidas de bosque– para allanarle el terreno al contratista de la Casa Blanca de Las Lomas.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- De un plumazo, Enrique Peña Nieto echó abajo el decreto presidencial de 1952 que dio certeza jurídica y posesión sobre sus tierras a indígenas otomíes de San Francisco Xochicuautla, Estado de México, a fin de expropiar la zona en beneficio de su contratista favorito, Juan Armando Hinojosa Cantú, para que éste construya la autopista privada Toluca-Naucalpan.
El jueves 9 Peña Nieto firmó el decreto mediante el cual, con el argumento de “utilidad pública” y la necesidad de “facilitar el transporte” entre el Valle de México y el Distrito Federal, expropió 38 hectáreas de agostadero y de uso común a la comunidad de Xochicuautla. A cambio pretende entregar un total de 10 millones 850 mil 440 pesos “a quienes legítimamente” demuestren ser comuneros.
Lucas Hernández Josefa, integrante del Consejo Supremo; Armando García, delegado de la comunidad de Xochicuautla; y José Luis Fernández Flores, vocero de los indígenas otomíes, consideran que es un “despojo” y viola sus derechos pluriétnicos, pues no se les consultó el proyecto y, por lo tanto, no autorizaron la entrega de sus tierras.
Además, cuentan con un amparo federal que obliga a las autoridades del Estado de México y a Armando Hinojosa Cantú, propietario de la empresa Autovan, a suspender cualquier obra en el Santuario del Agua y el Parque estatal Otomí-Mexica.
En entrevista, los comuneros adelantan que impugnarán el nuevo decreto presidencial e interpondrán una segunda queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Con información de: Proceso
