La agenda nacional fue movida hoy, abruptamente, hacia Oaxaca.
En medio de una fuerte crisis de credibilidad y confianza –aceptada por el mismo Gobierno federal– por la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, así como por las denuncias de presuntos abusos del Ejército en dos casos al hilo (Zacatecas y Aquila), la administración del Presidente Enrique Peña Nieto abrió un nuevo frente y llevó la atención hacia la entidad gobernada por Gabino Cué, un político de centro-izquierda que anunció por la mañana que entrega la educación al gobierno central.
Políticos, intelectuales, activistas y partidos exigen desde hace casi 10 días la renuncia de los encargados de seguridad en México después de la escandalosa fuga del capo mexicano, que le ha ganado fuertes críticas al Estado mexicano en la prensa nacional y extranjera.
Al mismo tiempo, en los últimos días distintas organizaciones civiles demandaron al gobierno de México que explique la desaparición de jornaleros en Zacatecas y el ataque contra la población civil en Aquila, Michoacán.
Pero esto ha quedado relegado a un segundo plano, luego de que el Gobierno de Oaxaca diera a conocer, esta mañana, la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) e informara que la rectoría de la educación pasará de momento a manos de la federación. Agentes de la Policía Federal resguardan desde esta mañana las instalaciones de la IEEPO. En conferencia de prensa Eduardo Sánchez Hernández, Coordinador de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, manifestó su apoyo a la decisión adoptada por las autoridades del estado e indicó que ésta se da ante los rezagos en materia educativa.
La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) inició esta tarde movilizaciones en la Ciudad de Oaxaca en rechazó a “la embestida del gobierno federal y estatal”. Los disidentes tomaron camiones de transporte público y un autobús turístico para cerrar las calles del centro de Oaxaca.
Rubén Núñez Ginez, dirigente del magisterio disidente en esa entidad, calificó como una “provocación” el anuncio hecho por el Gobernador Gabino Cué Monteagudo, el Secretario de Educación, Emilio Chuayffet Chemor, y el Vocero del Gobierno de la República, Sánchez Hernández. ”Debo decirle al pueblo de México y al pueblo de Oaxaca que el magisterio de la Sección XXII y de la coordinadora repudiamos las acciones del gobierno federal y estatal respecto a la imposición de este tipo de declaraciones que hacen y que nosotros seguiremos en resistencia”, dijo Núñez Ginez.
Esta tarde el Presidente Enrique Peña Nieto dijo que el gobierno de la República respalda, acompaña, apoya y se coordinará con Oaxaca para aplicar las medidas anunciadas esta mañana con el objetivo de aplicar la Reforma Educativa en esa entidad. Durante el acto Unidos frente a las Adicciones, el mandatario subrayó que bajo el imperio de la ley “vamos a recobrar y fortalecer la rectoría educativa en Oaxaca”. Dijo que esta reforma se aplicará en todo la geografía nacional “porque tenemos el deber legal y el compromiso ético de hacer realidad el derecho de cada niño a una educación de calidad”.
A su vez, Manlio Fabio Beltrones, Marcelo Torres Cofiño y Miguel Alonso Raya, coordinadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados respaldaron la decisión del gobierno de Oaxaca y la SEP de desaparecer el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, para quitarle el control administrativo a la Sección 22.
Claudio X. González, presidente de la organización Mexicanos Primero, dijo este día en entrevista para Grupo Imagen que el IEEPO estaba “lleno de vividores” de la CNTE, organización que calificó de “corrupta y agresiva”. El dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Jesús Rodríguez Socorro dijo a la prensa que el sector empresarial está de acuerdo con esta medida. “Lo importante es trabajar sobre un proyecto que impulse la educación en lugar de bloqueos y marchas se sienten en una mesa de diálogo”.
En tanto, Onésimo Bravo, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), dijo que aunque son preocupantes las amenazas del magisterio, la decisión de los dos niveles de gobierno era necesaria por lo que llamó a los “verdaderos maestros” a no caer en los juegos de los líderes magisteriales.
En tanto, en conferencia de prensa en la Ciudad de México, dirigentes de las secciones del Distrito Federal, Estado de México y Michoacán, externaron su apoyo al magisterio oaxaqueño, y sostuvieron que “la Coordinadora hoy más que nunca está unida”.
Adelantaron que se diseñara un plan de acción, y anunciaron que apoyarán las decisiones que se tomen durante la asamblea estatal de Oaxaca que se llevará a cabo mañana.
Los docentes calificaron como “un mensaje de intimidación” para toda la CNTE la desaparición del IEEPO. Pero adelantaron que la Coordinadora no caera en provocaciones y que se movilizarán de forma pacifica.
Sin embargo, destacaron que continuará abiertos a restablecer el diálogo con el Gobierno federal.
TRES CASOS EN LA AGENDA
Dos casos de los últimos días en los que se acusa directamente a personal militar, así como uno que acaba de cumplir un año, pusieron otra vez en la mira pública la participación de las Fuerzas Armadas tanto en desapariciones forzadas como en ataques a la población civil. En Zacatecas, siete jornaleros desaparecidos y luego localizados muertos vinculan militares, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa (Sedena). En Aquila, nuevos videos confirman disparos de fuerzas federales en una población a cargo de autodefensas, mientras que El País, diario español, difunde hoy una entrevista que parece confirmar que soldados ejecutaron, hace poco más de un año, a presuntos secuestradores en Tlatlaya, Estado de México.
El País cuenta hoy la historia de Erika Gómez, de 14 años, quien murió en manos del Ejército junto a otras 21 personas en Tlatlaya la madrugada del 30 de junio del año pasado. Clara Gómez González, la madre de Erika, de 37 años, había permanecido en el anonimato por seguridad hasta ahora.
Narra que llegó “a aquella recóndita bodega siguiendo los pasos de su hija. Hacía semanas que no sabía nada de ella. Clara Gómez es maestra rural y pasa meses enteros en los cerros, enseñando lo básico a los niños de las comunidades donde no llega la educación convencional. ‘Yo no estaba muy enterada porque me iba a la sierra a trabajar. Me lo dijo mi mamá, que la niña no iba por casa’. Erika, la menor de cuatro hermanos, vivía con su madre, su abuela, dos tíos y 10 primos en una casa con piso de tierra en Arcelia, un pequeño municipio de Guerrero pegado al Estado de México.
Y tras una semana preguntando por el pueblo la niña, “la llamó el 29 de junio para verse esa misma tarde. Llegó en una furgoneta blanca. Dentro venían también cuatro hombres. Estaban armados. Apenas habló con su hija. ‘Le dije que yo iba a por ella. La vi muy seria, no decía nada. Fue muy poco tiempo, nada más me dijeron que subiera a la camioneta y me llevaron con ellos a la bodega’”, cuenta el periodista David Marcial Pérez.
“Recuerda que los hombres eran muy jóvenes, ‘puros muchachitos’, y que tenían ‘armas largas’. Uno le pidió el teléfono. ‘Me quitaron el chip porque me dijeron que sino yo les iba a echar al Gobierno, y me llevaron a una esquina’. Tenía un coche aparcado en frente que la impedía ver. ‘Pero se oían muchas voces’. Allí se quedó hasta que arrancaron los disparos, que según ella, empezaron de fuera a dentro. Duraron como 20 minutos. Un informe de la PGR (Fiscalía) filtrado a la prensa registró 172 disparos: 160 de los militares y 12 del grupo de la bodega. Cuando terminó el tiroteo, escuchó ‘ríndanse, somos el Ejército, les vamos a perdonar la vida’. Clara seguía escondida y vio como ocho soldados entraron en la bodega. Algunos cuerpos yacían en el suelo. Al resto, ya desarmados, los fueron colocando uno a uno contra la pared. Les preguntaron su nombre, de dónde eran, cómo era su apodo. ‘Les herían y nada más les daban un balazo. Había algunos que todavía no se acababan de morir. Se veían bien feo como les hacían. Estaba horrible’.
Este caso ha sometido al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto bajo presión internacional.
Ayer, la misma Secretaría de la Defensa dio a conocer que investigaba a personal militar por la desaparición de 7 jornaleros en Zacatecas. Al mismo tiempo, Peña Nieto dijo que “Por más que a veces algunos se empeñen por manchar el esfuerzo que realizan las Fuerzas Armadas, es de reconocer, como mexicanos, que nuestro Ejército y Marina, trabajen todos los días con esmero y dedicación diaria en favor de los mexicanos”, a pesar de que el mismo Ejército aceptaba la posibilidad de abusos.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició expedientes de queja por ambos casos. Mediante un comunicado de prensa, informó que por instrucciones del Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, fueron enviados visitadores adjuntos a dichos lugares, con el fin de recabar evidencias, en el marco de las investigaciones que lleva a cabo.
La historia de Zacatecas es la siguiente:
El pasado 7 de julio siete jornaleros, cuatro de ellos menores de edad, fueron sacados de manera violenta durante un supuesto operativo para buscar armas y drogas realizado durante la madrugada en el domicilio ubicado en el número 106 de la calle Francisco I. Madero, de la ciudad de Calera, en Zacatecas.
Las familias de los trabajadores agrícolas dijeron que los militares actuaron bajo las órdenes de un coronel identificado con el nombre de Martín Pérez Reséndiz. Más de una semana después cuatro cuerpos fueron hallados en una casa en obra negra. De ellos tres fueron plenamente identificados por sus parientes, por sus tatuajes y ropas.
Otros tres cuerpos fueron hallados la tarde del sábado en otra comunidad de Jerez. Se informo que los familiares de los jornaleros no pudieron reconocerlos en Servicio Médico Forense. Dijeron que sólo se les preguntó datos sobre ellos. No obstante, la noche de ayer trascendió que estos fueron identificados como los jornaleros desaparecidos.
Por estos hechos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “identificó indicios de una probable participación de personal militar” en la desaparición de siete jornaleros. Mediante un comunicado de prensa, la 11 Zona Militar informó que con motivo de los avances en la investigación que realiza la Procuraduría General de Justicia Militar “en relación con los hechos relativos a la desaparición de siete personas el 7 de julio de 2015, en Calera, Zacatecas, identificó indicios de una probable participación de personal militar”.
Ahora, como si los casos anteriores no fueran suficientes, ciudadanos de Aquila y autoridades indígenas locales denuncian un nuevo caso de abuso que ha llevado a la muerte de al menos un niño.
Lo que inició como un operativo policiaco y militar en la comunidad de Santa María de Ostula para detener a Cemeí Verdía Zepeda, líder de las autodefensas en esa comunidad indígena, terminó como una confrontación con los pobladores del municipio de Aquila, Michoacán, que dejó un menor de 12 años muerto y otras tres personas heridas, entre ellas una niña de seis años.
En un primer momento, el Grupo de Coordinación Michoacán, conformado por autoridades estatales y federales, confirmó la muerte del menor Edilberto y dijo que se trató de una agresión contra la población civil, aunque no mencionó por quién fue perpetrada.
Fueron los pobladores quienes desde un primer momento responsabilizaron a elementos del Ejército Mexicano de haber disparado con sus armas de cargo en contra de las personas. Germán Ramírez Sánchez, comandante de la policía nahua de Aquila, dijo a SinEmbargo que tienen todas las pruebas que demuestran la responsabilidad de las Fuerzas Armadas.
“Yo tengo casquillos de armas que ellos utilizaron, tengo videos donde están disparando, donde nos apuntan con las armas. Hay grabaciones en video de cuando pasaron dispararon y nos mataron a un niño inocente que no tenía nada que ver”, comentó.
No obstante, el Mando especial para la Seguridad en Michoacán, Felipe Gurrola Ramírez, aseguró que los elementos del Ejército dispararon al aire y no contra la población en la comunidad de Ostula.
“La población civil lanzó rocas y a su vez se repelió con gas lacrimógeno […] Las personas fueron las que se atacaron contra sí y a su vez a las autoridades”, dijo Gurrola en conferencia de prensa.
El Mando especial aseguró que los elementos del Ejército respondió al verse agredido, pero fue con disparos al aire, pues cuando el convoy con elementos del Ejército transitaba en la carretera, recibió un ataque con palos, piedras y gas lacrimógeno, asegura Gurrola.
“El persona militar al verse agredido y sorprendido sí realizó disparos, pero al aire nada más para disuadir al momento de la agresión a personal que estaba agrediéndolo con palos, inclusive con disparos reales hacia ellos […] Sí se hicieron algunos disparos, no podría precisar cuánto, pero fue con la intención de disuadir y de ninguna manera para atacar a alguna persona”.
Este día, tres videos que circulan en las redes sociales muestran el despliegue de fuerzas federales en el puente de Ixtapilla y la agresión perpetrada por elementos del Ejército contra la comunidad de Santa María de Ostula. En una de las grabaciones se distinguen alrededor de 10 vehículos militares y al menos dos camionetas de las fuerzas rurales del estado desplazarse a vuelta de rueda sobre el puente de Ixtapilla. Momentos después, se escuchan tres disparos a lo lejos precedidos de una ráfaga de balas que ocasiona que los pobladores que captaron el momento salgan corriendo del lugar de los hechos.
Los otros dos videos fueron captados por elementos de las fuerzas federales. En éstos se aprecia el numeroso despliegue militar y policiaco que acudió a la comunidad de Santa María de Ostula para detener a Semeí Verdía lider, líder de las autodefensas en esa comunidad indígena, a quien se le acusó por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
Para la Red por los Derechos de la Infancia en México, es necesaria una “investigación profesional, exhaustiva y desde la justicia civil” para dar con los responsables de ataques, desaparición y ejecuciones extrajudiciales en contra de niñas, niños y adolescentes en Michoacán y Zacatecas.
“Consideramos inadmisibles los ataques, desaparición y ejecuciones extrajudiciales en contra de niñas, niños y adolescentes a manos de policías y militares y exigimos transparencia en el proceso de investigación de los hechos descritos y protección especial a las víctimas y sus familias a fin de garantizar el acceso a la justicia”, manifestó este lunes la organización.
La Red dijo que es evidente que las fuerzas militares “enfrentan un serio desgaste desde que fueron equivocadamente involucradas en la lucha contra el crimen organizado; por lo que preservar su institucionalidad y legitimidad social es muy importante. Es imposible querer hacer cumplir la ley, violando las leyes mismas”.
Dijo que de 2006 a 2014 la ha documentad cerca de dos mil homicidios de niñas, niños y adolescentes en la mayoría de estos casos predomina la impunidad y ausencia de investigación profesional.
Desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa distintas organizaciones civiles han pedido que el papel del Ejército en las tareas de seguridad pública sea revisado.
Recientemente, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informó que la orden que recibió la Base de Operaciones del 102 Batallón de Infantería del Ejército, responsable del municipio de Tlatlaya, fue “abatir delincuentes en horas de oscuridad, y reducir su actividad durante el día, con el fin de acabar con los criminales, mientras que es de noche, ya que la mayoría de los crímenes son cometidos en ese momento “”.
En reacción al informe presentado por el Centro Prodh, Amnistía Internacional dijo que no ha encontrado ningún caso en el que “abatir” gente no se refiera al hecho de matar. “Hay motivos razonables para creer que la instrucción militar alentó a las ejecuciones extrajudiciales”.
La misma organización envió en días pasados junto a la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y otros organismos internacionales como el Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG) y el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy una carta al gobierno de Estados Unidos donde exigieron frenar el envío de ayuda al Ejército mexicano previsto en la Iniciativa Merida.
“A la luz de la información disponible, creemos que es esencial que el gobierno estadounidense no proporcione asistencia a las fuerzas armadas de México a través de la Iniciativa Mérida, ya que esto refuerza y sostiene el papel inapropiado y abiertamente peligroso de las fuerzas armadas”, manifestaron.
En tanto, José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), dijo que la fuerza letal es una acción recurrente por elementos castrenses, a pesar que los criterios internacionales indican que debe ser moderada.
“Las fuerzas del orden y los oficiales militares tienen derecho a defenderse en caso de ataque, pero el derecho internacional establece criterios muy específicos para determinar si el uso de la fuerza letal es legal. Ellos están obligados a utilizar la fuerza no letal en lo posible antes de recurrir a las armas de fuego. Y si el uso de las armas de fuego es inevitable, se debe usar con moderación y actuarán en proporción a la gravedad del riesgo que enfrentan. En ningún caso el objetivo principal de una operación de aplicación de la ley será matar a los sospechosos”, dijo Vivanco en un artículo.
Fuente: Sin Embargo.
