Luego que se dio a conocer que anualmente se gastan ciento un mil millones de pesos en atención a daños causados por comida chatarra, como es afectaciones a la salud por obesidad y enfermedades crónicas, en Redes Sociales familias potosinas destacan que la adquisición de estos productos no es por gusto, sino por la falta de recursos en la economía familiar.
Atribuyen “los malos salarios y la pobreza urbana, a un mayor consumo de productos alimenticios denominados chatarra, pues es más fácil comprar una bolsa de chatarra, que gastar en luz, agua, gas, y diversos enseres para cocinar una comida nutritiva. Sencillamente porque dinero no hay”.
“Lo anterior a derivado que en cada esquina de San Luis Potosí se ubique un micro negocio de comida chatarra, sobre todo en temporada de vacaciones”, responden, al culpar que la riqueza se encuentra concentrada en unos cuantos ricos y entre los funcionarios públicos.
En su reporte anual la organización civil, El Poder del Consumidor, detalló que las pérdidas a la economía causadas por la obesidad y enfermedades crónicas cuestan hasta 101 mil millones de pesos, mientras que los recursos destinados a la prevención de estos padecimientos son apenas 18 mil millones de pesos.
San Luis Potosí destaca en problemas de obesidad y pobreza, en términos reales y no en cifras maquilladas, “es decir, las externalidades generadas por estas consultas no los cubren los recursos obtenidos de los impuestos. Somos todos los ciudadanos que estamos sufragando estos daños”, indicó el director de dicha organización, Alejandro Calvillo Unna.
Un ejemplo de las malas políticas públicas que están acabando con la salud de los mexicanos y precisamente de los potosinos es que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que grava refrescos y alimentos con alta densidad calórica, aportan 31 mil 540 millones de pesos, lo que representa entre el 26 y 33 por ciento de lo que se gasta en prevención.
Ante este escenario, la propia Secretaria de Salud Mercedes Juan López, reveló que “más de la mitad del presupuesto, que de acuerdo al PEF es de 134 mil 847 millones de pesos, se va en atender las comorbilidades que causa la obesidad”.
Por su parte Calvillo Unna agregó, “el gasto público es raquítico frente a la dimensión del problema, por ejemplo, la atención no cubre la diálisis en el seguro popular, no existe un tratamiento adecuado del pie diabético, no existe atención preventiva suficiente a la retinopatía diabética, es decir, el presupuesto ejercido está muy por debajo del requerido”.
La disparidad de cifras y en el mejor de los escenarios apunta que, las bebidas azucaradas matan 404 mexicanos por cada millón de adultos, según Fiorella Espinosa de Candido, investigadora de salud alimentaria, sobre una estadística del sitio The Statics Portal, que compara a los países del mundo y destaca que México tiene el primer lugar entre ellos San Luis Potosí.
En tanto que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) develó en enero que la “Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes” contempla 5.3 pesos por cada persona, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estimó que México debería implementar una serie de medidas que requieren 152 pesos por individuo.
Con este escenario en Redes Sociales se intensifica la idea de la corrupción entre autoridades gubernamentales y la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) que provoca graves daños a la salud.
Lo lamentable de la venta de comida chatarra es que esta se comercializa en muchas ocasiones en las inmediaciones de las escuelas y en las propias cooperativas que se conducen al margen de las leyes hacendarias y con beneficios de las propias compañías refresqueras para los directores de las instituciones.
Fuente: El Heraldo
