El magisterio potosino Hermanos de Vocación, perteneciente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 26, anunció mediante su líder, Rocío Montoya, que ya no emprenderán amparos contra la evaluación puesto que la misma esta contenida en la Ley General del Servicio Profesional Docente, la cual es una ley constitucional y por lo tanto no procederán, así que emprenderán un juicio de nulidad.
Asimismo, señaló ante un buen número de profesores que la Ley General del Servicio Profesional Docente perjudica los derechos laborales y a la vez administrativos de los trabajadores de la educación.
Ejemplificó que en los artículos 52 y 53 de esta ley se dice muy claramente que los maestros van a separarse del servicio cuando no cumplan tres exámenes: “no dice en ningún artículo, en ningún momento, que se nos va a respetar la clave, que se nos va a respetar el sueldo; se nos va a cambiar la función pública. Es importante que la sociedad conozca todos los puntos de esta ley que afecta laboralmente y administrativamente a todos los trabajadores del Sindicato Nacional de la Sección 26”, dijo.
A pesar de estas desventajas, recalcó que, como miembros de este grupo del magisterio, jamás se van a negar a ser evaluados, pues tienen la capacidad intelectual para elaborar, redactar, escribir y contestar cualquier examen que se les presente.
De igual forma, destacó que este grupo es institucionalista, pues jamás ha estado negando la casa sindical de la que son miembros, pero el sindicato de la Sección 26 simplemente “no ha hecho labor de uno de los estatutos principales que tiene, que es defender al trabajador”.
Asimismo, Informó que el abogado Juan Manuel Lara, junto con el equipo de abogados de este grupo, ha elaborado un recurso legal, este recurso no es un amparo, pues indicó que los amparos ya no proceden, por lo cual pidió a los compañeros que “no regalen su dinero” con amparos que no proceden porque la Ley General del Servicio Profesional Docente ya es una ley constitucional, “es importante que ustedes lean y no se dejen engañar es un juicio de nulidad porque las características de los exámenes no son procedentes porque los compañeros no tiene clave y contraseña, se violentan nuestros derechos”, finalizó.
Fuente: Jornada
