“Ya se tienen las firmas, los documentos, los testigos, la denuncia está bien fundamentada en la Constitución, en las leyes de responsabilidades de servidores públicos y otras legislaciones. No hay precedente hasta donde sabemos, en el que se le pida a la Procuraduría investigar al Congreso del Estado, pues el principal problema es que este modo de actuar de los diputados, en el que se ponen a dar dinero de forma directa a asociaciones civiles e incluso particulares, es una práctica ya arraigada”, señaló José Mario de la Garza, uno de los principales impulsores de la denuncia presentada ayer en contra de la mala utilización de 19 millones de pesos por parte de la Junta de Coordinación Política del Congreso local.
Esto, luego de que el Consejo Ciudadano de Transparencia revelara que el Poder Legislativo, a través de su Junta de Coordinación Política, había entregado dinero directamente a asociaciones civiles y otras instituciones, “que ni se sabe quiénes son ni tienen modo de comprobar sus gastos. Es dinero público y esas supuestas partidas para apoyos, aunque sean de beneficio social, no son legales, no hay permiso alguno para que el Congreso entregue o dé recursos a menos que sea a través del Poder Ejecutivo y sus dependencias, o a través del presupuesto de egresos. El problema es que ellos mismos crearon ciertas figuras que aunque parezcan viables, constitucional y legalmente no lo son”.
“Nadie lo había cuestionado, hasta ahora. Nos basamos en tres cosas: la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, que no otorga ninguna capacidad administrativa o ejecutiva al Congreso. Luego, la Ley Orgánica del Congreso, que no otorga ninguna atribución a la Junta de Coordinación Política para disponer de recursos ni partidas a particulares de ningún tipo, así sean de asistencia social, y tercero, en el Código Penal, donde se explica claramente el uso que se ha de dar a los recursos públicos y quiénes serán los autorizados para asignar presupuestos y gastos”.
Esto no se presta a interpretación, advierte, es una ilegalidad que se hizo costumbre y que se toleró como un mecanismo de control al Legislativo, para mantenerlo calmado, otorgándole libertad a los representantes de los partidos sobre estas cuentas que nadie revisaba. Parecían gastos pequeños, pero poco a poco se reunieron 19 millones de pesos, que han ido a parar a asociaciones que nadie revisa ni verifica, ni sabemos si existen. Incluso tenemos a algunas asociaciones que en el listado de supuestos beneficiarios de estas partidas, aparecen, pero al preguntarles sobre el dinero, afirmaron que no sabían por qué estaban en dicho listado, y que nunca recibieron dinero alguno del Congreso.
Ahí ya es una segunda investigación que emanaría de esta denuncia. Parece que se usan prestanombres y credenciales falseadas y el dinero no llega a las asociaciones civiles. Una ilegalidad que sale de otra ilegalidad.
Respecto a la posibilidad de que se protejan los diputados con su fuero, advirtió el también vicepresidente nacional de la Barra Mexicana de Abogados, que a raíz de una investigación, será el juez quien valore si procede un proceso de desafuero, pues se entregarán todas las pruebas necesarias para que esto se logre. Pero aún sin haber desafuero, la actual legislatura termina en un mes, y en ese mes los diputados quedarán desaforados, por lo que el proceso podrá continuar. “No hay vuelta de hoja, se cometió un delito, y como tal la Procuraduría debe investigarlo a fondo”.
Fuente: Jornada
