Centros comerciales reclaman propuesta para obligarlos a ofrecer aparcaderos sin costo alguno.
Representantes legales de plazas comerciales de la capital denunciaron que la propuesta para la obligada gratuidad en los estacionamientos los vulnera y afecta directamente a los usuarios de los espacios, y la falta de equidad con respecto a otros negocios en igualdad de circunstancias.
Expusieron en carta al Pleno que el servicio de estacionamiento no se limita a ofrecer un espacio; es necesario dotarlo de infraestructura urbana básica, darle mantenimiento y vigilarlo, tareas que cuestan dinero y requieren generar empleos para operar, limpiar y mantener.
Como una acción legal previa, por medio de oficios dirigidos a cuatro comisiones legislativas, piden al Congreso del Estado dar marcha atrás a la aprobación de la propuesta del diputado Francisco Martínez Ibarra, que transgrede el derecho a la propiedad y demuestra que los propietarios de los centros comerciales nunca fueron escuchados.
Para llevar el proceso desde la contestación al Congreso y las acciones legales que consideren pertinentes, los centros comerciales El Dorado, Plaza Sendero, Plaza Tangamanga, Plaza Citadella, Plaza Oriente y Grupo Liverpool designaron a los abogados Luis David González Lozano, David Turrubiartes Palomo, Francisco Damián Cordero Hernández, Felipe de Jesús Luna Salazar, Ana Sugey Hernández Ibarra, Manuel Yahír Castro Valenzuela y Claudia Alejandra Lardizábal Velázquez.
Los oficios fueron dirigidos a la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, al propio diputado Francisco Martínez Ibarra y al pleno del Congreso del Estado, como una medida previa a la sesión plenaria.
En la carta, citan una tesis de jurisprudencia en la que explican que la imposición de obligaciones para regular los cobros o la gratuidad en los estacionamientos, viola la libertad del comercio.
Los representantes de las plazas comerciales exigieron al Congreso del Estado suspender la votación programada para el próximo lunes 10, y se les conceda el derecho de audiencia mediante convocatoria, y realizar los estudios necesarios para determinar su viabilidad económica, jurídica, laboral y social.
Fuente: Pulso
