El juez tercero de distrito en materia administrativa del noveno circuito ordenó un peritaje a la comandancia centro para asegurarse de que estén cumpliendo con los requerimientos de arquitectura, desarrollo urbano y mecánica de suelo. A pesar de que esta situación fue reclamada por el ayuntamiento, se declaró improcedente y este 17 de agosto deberá realizarse. Esto implica problemas a la alcaldía, aseguró el representante de los padres de familia, Raúl Espínola, “porque si se comprueba que se construyeron separos y armerías, se demostrará que mintieron al pueblo, además de violar la ley de Sedesol. Y si no las hay, habrán violado el motivo por el que Subsemun financió la obra”.
“Para el desahogo de estas pruebas, el juez ordenó, con apercibimiento de multa, que las autoridades municipales permitan el acceso al inmueble, fundamentalmente para que desde el punto de vista técnico, los especialistas emitan un dictamen encaminado fundamentalmente a conocer si la construcción se encuentra apegada a la legalidad, es decir, en materia de construcción, uso de suelo, mecánica de suelo, impacto urbano, social, ambiental y, desde luego, la legalidad de la asignación directa a una persona física y la administración de los recursos en los mismos, tanto del federal Subsemun como el Fideicomiso del Centro Histórico”, señaló Espínola.
Esto, destacó, para mitigar el disgusto generado tanto en la población como entre los padres de familia de la escuela Morelos. El juez ordenó el inicio de estos trabajos periciales para el 17 de agosto de 2015, a las diez de la mañana, precisamente en el lugar de la construcción.
Hay que agregar, dijo Espínola, que tanto el presidente municipal como el secretario general del ayuntamiento presentaron reclamaciones por esta orden, las cuales fueron desechadas por improcedentes, ya que las causas de secrecía que ambos actores arguyeron no estaban fundamentadas dados los cambios que se han efectuado supuestamente en los planos, a raíz del descontento generado en vecinos y padres.
Es que ahora, recalcó el representante, el ayuntamiento está en una encrucijada llevado ahí por sus propias acciones opacas y ocultas, porque primero quisieron cambiarle al edificio el nombre y la naturaleza de su uso, quitándole el nombre de comandancia para ser de “proximidad social”, además de incluir a Protección Civil en el asunto.
“Ahora hay dos posibles resultados: uno, que se haga el peritaje y que se compruebe la existencia de separos y otras instalaciones propias de una estación de policía, con armas y presos temporales, lo cual probaría que, aparte de mentirle a la ciudadanía sobre el supuesto cambio del uso del edificio, estaría violando la ley de desarrollo social, que prohíbe este tipo de edificaciones tan cerca de una escuela”, sostuvo.
Agregó que “si por el contrario se comprueba que se cambió el plan y ya no tendrá una naturaleza policiaca y de seguridad el edificio, tendrán que explicar por qué entonces se usaron recursos del Subsemun, lo cual implicaría mal uso de recursos públicos que podría llevar fuertes sanciones e inhabilitaciones a funcionarios, tanto financieras como administrativas”.
Fuente: Jornada
