La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiestó en un comunicado su preocupación respecto de las alegaciones de participación de la fuerza pública en hechos de violencia en México.
La CIDH apuntó que de acuerdo a la información recibida, el 7 de julio de 2015 siete personas habrían sido secuestradasde una casa en Calera, municipio de Zacatecas. De acuerdo a la información disponible,personal militar es señalado como responsable de la desaparición de estas personas, cuyos cuerpos fueron luego encontrados en avanzado estado de descomposición, con tiros en la nuca.
Adicionalmente, la CIDH indica que recibió información sobre también durante el mes de julio, en la comunidad indígena de Santa María Ostula, Michoacán, las fuerzas federales, estatales y municipales “realizaron un operativo conjunto en el que dos personas perdieron la vida,incluyendo un niño de 12 años, y otras personas resultaron heridas”.
“La información disponible señala que los Ombudsman nacional y estatal enviaron a un grupo de visitadores para indagar sobre la actuación de las autoridades federales, estatales y municipales. Las poblaciones de las comunidades de El Duin y La Ixtapilla organizaron protestas por los hechos, y según la información recibida, los militares habrían usado gas lacrimógeno y disparado de manera indiscriminada contra la población, como resultado de lo cual habría varias personas heridas, incluyendo una niña de seis años y un adolescente de 17 años de edad”, apunta el texto de la Comisión.
Asimismo, la CIDH indica que recibió información que señala que en junio de 2015, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) hizo público el informe “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”.
En el informe, recuerda el órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se analizan los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 y afirma que entre 12 y 22 personas supuestamente vinculadas al narcotráfico “habrían sido ejecutadas de manera arbitraria por presuntos miembros de la fuerza pública” en una bodega de la comunidad “Cuadrilla Nueva”, en el municipio de Tlatlaya, al sur del Estado de México.
Adicionalmente, según el informe, estas ejecuciones habrían tenido lugar tras “la orden de abatir delincuentes” procedentes supuestamente de la Secretaría de Defensa Nacional con el objetivo de “reducir la violencia”.
Por su parte, la CIDH subraya que el 21 de octubre de 2014 la CNDH emitió la Recomendación 51/2014, en la que determinó la existencia de elementos para creer que efectivos militaresprivaron arbitrariamente de la vida a las personas que se encontraban ya rendidas en Tlatlaya, luego de un enfrentamiento durante el cual, según la Secretaria de la Defensa Nacional, un soldado habría resultado herido y tres mujeres que se encontraban secuestradas fueron liberadas, una de las cuales cuenta con medidas cautelares por parte de la CIDH.
“Hay que separar seguridad interior y defensa nacional”
En este contexto, la Comisión Interamericana apuntó que los asuntos que tienen que ver con la seguridad ciudadana, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno “deben ser competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados, eficientes y respetuosos de los derechos humanos”.
Asimismo, recordó que las fuerzas armadas “son entrenadas para la defensa de un país contra un enemigo externo”, por lo cual “carecen del entrenamiento adecuado para cumplir con la misión de hacer cumplir la ley”, tarea para la cual se requiere trabajar conjuntamente con los habitantes del país.
“Por ello, es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas. Además, la historia de la región demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos”, remarcó la CIDH.
Con información de: Animal Político
