Ante la aprobación de la Ley de Migración que hizo el Congreso del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició un análisis exhaustivo para impulsar una acción de anticonstitucionalidad, debido a que esta normativa, consideró el ombudsman, Jorge Vega Arroyo, vulnera sin contemplar el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Ante esto, el diputado Jorge Escudero Villa, uno de los impulsores de esta ley, recalcó que no es anticonstitucional, pues sólo tiene “problemas de redacción” que serán solventados.
Un tanto molesto, el legislador aseguró que la inconstitucionalidad no es lo que quiso decir el ombudsman, con quien, indicó, yo habló y le explicó que efectivamente la ley recién aprobada tiene algunas fallas en la redacción, lo cual no implica que sea anticonstitucional, pues lanza al estado a un estadio de vanguardia en relación con el resto de las entidades federativas que no cuentan con una ley de estas características.
Destacó que la parte esencial de la ley es hacer “más agradable” el tránsito de los migrantes por el estado: “inclusive de los hermanos indígenas que vienen a la pizca aquí, por ejemplo, que es un tema importante, no sólo de los hermanos centroamericanos que transitan por aquí, y como contraprestación vigilan la migración de los ciudadanos potosinos, ya sea a diferentes estados o los Estados Unidos”, sostuvo.
Escudero Villa reiteró que pudiera tener un problema de redacción, que no implica inconstitucionalidad y la idea es cambiar ese texto, cambios que, adelantó, sólo afectarán uno o dos artículos. Asimismo, expuso que la falla que se presentó fue que se “intentó” hacer la conjunción de dos iniciativas, la presentada por el diputado Eduardo Chávez y la de él: “a veces no es fácil el empate, todo lo que hacen los seres humanos es perfectible”, argumentó.
Cabe destacar que entre las “fallas” que encontró la CEDH, está el tema de la generación de un nuevo instituto o consejo de migración, donde incluso se imponen condiciones a dependencias federales que la legislación local no pide regular, además no se establecen las acciones que debe realizar la autoridad cuando se reciban a migrantes en la entidad, dejando que la responsabilidad la asuma una asociación civil.
Las acciones de institucionalidad por parte de la CEDH tienen un rango de 30 días posterior a su publicación, en donde harán las observaciones al Ejecutivo del estado o impulsar, por su parte, una nueva iniciativa que contemple los aspectos de los que carece esta ley.
Fuente: Jornada
